Santa Cruz adhirió a la Ley “Plan Integral de Abordaje de Consumos problemáticos”

Fue durante la última sesión ordinaria del primer semestre, llevada a cabo en la Legislatura santacruceña. A través de la Autoridad de Aplicación, se deberán prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial con la actuación directa del Estado, asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a las personas afectadas, e integrar y amparar socialmente a los afectados por este consumo. También, se destacó la incorporación del cooperativismo en la educación universitaria.

 

Con un proyecto de Ley presentado por el diputado por el pueblo de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna, y fundamentado en el recinto por la Diputada Claudia Martínez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Santa Cruz adhirió en la última sesión del primer semestre a la Ley Nacional 26.934 por medio de la cual se crea el “Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos” (IACOP), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de Abril y promulgada el pasado 28 de Mayo.

La Ley define como consumos problemáticos a aquellos que mediando o no sustancias, afectan negativamente en forma crónica en la salud física o psíquica del sujeto y sus relaciones sociales, las que se manifiestan con conductas compulsivas tales como consumo de alcohol, adicción al juego, a las nuevas tecnologías, a la alimentación, a las compras, entre otras.

De esta manera, Santa Cruz deberá cumplir con tres objetivos: prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial con la actuación directa del estado; asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a las personas afectadas por el consumo problemático y fomentar su integración social.

Dar cumplimiento con el primero de los objetivos que la Ley plantea, implicará la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos, con el objeto de facilitar el acceso de los/as ciudadanos/as afectados/as a los mismos, a partir de lo cual, las autoridades nacionales de SEDRONAR, se encuentran suscribiendo convenios con distintos municipios de Santa Cruz para su construcción y puesta en funcionamiento. Con acciones concretas en territorio, se deberá promover la integración de estas personas en eventos sociales, culturales o deportivos buscando su prevención; interactuar con las escuelas y clubes de la zona para llevar al ámbito educativo y social charlas informativas sobre las herramientas preventivas y de inclusión; vincularse y diagramar estrategias con instituciones públicas y ONG´s de la comunidad para fomentar actividades e instancias de participación y desarrollo, entre otras.

Respecto de la cobertura gratuita, la Ley nacional establece que las obras sociales, los establecimientos de salud pública, las prepagas y otras entidades, deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático, incorporando las mismas al Programa Médico Obligatorio, respetándose además la autonomía individual de la persona afectada por las adicciones “observando sus derechos constitucionales, sus los principios y garantías, evitando la estigmatización”.

Finalmente, se prevén la implementación de programas de inclusión socioeducativos y laborales a través de convenios donde participará como autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo.

La Diputada Martínez destacó en su alocución que dicho Plan Nacional “promueve la atención de las personas afectadas por consumos problemáticos en Hospitales públicos, terminando con el concepto de la segregación del afectado. Para tales efectos se dispondrá de los recursos económicos necesarios para adecuar la red pública hospitalaria”, creando a su vez un Registro de Efectores dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos problemáticos.

Finalmente, hizo hincapié en que a partir de la sanción de esta Ley por parte del Congreso Nacional a la cual la Provincia adhiere, existe un cambio de paradigma en el tratamiento de las adicciones, haciéndose eje en la prevención del consumo problemático desde un abordaje integral, intersectorial y con una intervención directa del Estado, abandonándose así los viejos criterios relacionados con el castigo, la marginación y la exclusión de la persona afectada.

 

Cooperativismo en las Universidades

En otro orden, e impulsada por la Diputada del Frente para la Victoria, Claudia Martínez, el jueves pasado se declaró también de Interés provincial, el Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, creado mediante Resolución Nº 227 de fecha 30 de diciembre de 2013, emanada de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Este programa, tiene por finalidad “promover la incorporación, expansión y fortalecimiento de la temática del cooperativismo y de la economía social en las funciones universitarias”, incidiendo en la incorporación de contenidos curriculares en carreras consideradas de interés público o de riesgo; apoyar el desarrollo de ofertas académicas de nivel universitario pertinentes al ámbito de la economía social y financiar proyectos de extensión universitaria, voluntariado e investigación, promoviendo la integración de políticas públicas desde los claustros universitarios.

Asimismo, Martínez destacó la importancia de la firma del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Educación de la Nación y la Confederación de Cooperativas Argentinas (COOPERAR) con el objeto de articular las acciones de promoción y enseñanza del cooperativismo y la Economía Social en todos los niveles de enseñanza.