Comunicado de la Comisión Nacional de Justicia y Paz

Las leyes llamadas a tener una gran incidencia en nuestras vidas revisten una enorme trascendencia y debemos recapacitar sobre las formas y procedimientos que estamos utilizando los argentinos para su aprobación.

En el caso del Código Civil, el proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo no daba prácticamente tiempo para el estudio y discusión. Felizmente, y más allá de haber seguido un procedimiento legislativo anómalo y que al cabo generó cuestionamientos y dudas acerca de su legalidad constitucional (la Comisión Bicameral), el Congreso habilitó la posibilidad de hacer aportes y observaciones, en audiencias públicas realizadas en distintos lugares del país.

A esas audiencias acudieron cientos de personas e instituciones formulando críticas, comentarios, elogios y sugerencias. Sin embargo, ese trabajo de muchos no fue aprovechado. Nunca la Comisión bicameral se reunió, nunca estudió ni debatió las propuestas recibidas, ni explicó las razones, si las había, para acogerlas o descartarlas.

A final de 2013, un texto del Código con algunas modificaciones elaboradas sin debate, fue votado en el Senado sin posibilidad de discusión. Después de muchos meses sin que hubiera tampoco ningún debate o discusión, el mismo texto fue impuesto en la Cámara de Diputados. Una ley fundamental, probablemente la más importante luego de la Constitución misma, ha sido aprobada con el voto de un solo partido y el rechazo de los demás que, sin embargo, tampoco hicieron conocer propuestas diferentes o mejores.

Lamentablemente no es un caso aislado. Vemos con pena y preocupación que periódicamente, se presentan iniciativas legislativas que siguen esa misma suerte. Los proyectos no merecen un debate serio y cuidadoso. La sociedad civil no es escuchada. Los mismos legisladores son llevados a votar leyes relevantes de un día para el otro, sin tiempo de estudio, sin espacio para el intercambio, sin que se escuchen voces críticas ni propuestas superadoras. Y más sin que en temas delicados y trascendentes se les reconozca, ni ellos reclamen, una necesaria libertad de conciencia a la hora de votar. Hay que decir que estos hechos no son sólo responsabilidad exclusiva del partido mayoritario, ya que con demasiada frecuencia los demás partidos políticos se limitan a repetir consignas o a eludir la discusión: tampoco ellos suelen presentar propuestas.

Estamos en presencia de una seria degradación y descomposición institucional que tendrá consecuencias graves en el futuro.

Se acumulan leyes que introducen innovaciones importantes sin un mínimo de consenso y de aceptación social, que al cabo terminan por no aplicarse, o aplicarse mal. ¿Qué ha quedado de las leyes de reforma judicial, que crearon tribunales nunca constituidos, y derogaron normas procesales que se siguen aplicando frente al vacío creado? Una reforma de magnitud colosal, como es el Digesto Jurídico ya aprobado por el Congreso y que modifica la numeración de todas las leyes vigentes y del articulado de ellas, además de disponer derogaciones y cambios en los textos, se aprobó sin que casi nadie lo sepa.

El nuevo Código Civil modifica cientos de normas que afectan a la vida cotidiana: desde el nombre de las personas hasta la propiedad horizontal; desde el régimen de bienes del matrimonio hasta las sucesiones. Cada una de esas materias hubiera merecido un debate, una explicación del porqué de las soluciones elegidas, confrontarlas con los deseos, las expectativas y las necesidades del común de la gente, más allá de los laboratorios académicos; sin perjuicio de que también sea necesario escuchar a los verdaderamente expertos y tomar en consideración sus opiniones.

Esta manera de legislar, sin auténtico debate, sin escuchar al otro, sin tiempo de reflexión, sin cálculo de los costos económicos de las novedades que se imponen, producen una enorme inseguridad jurídica. Pero también daña seriamente las relaciones entre las personas y los grupos, y vulnera la amistad social.

Legislar es una grave responsabilidad. Sería inaceptable que quienes deben ejercerla se condujeran en función únicamente de intereses personales, oportunismo político o por obediencia ciega a órdenes recibidas, persiguiendo objetivos que no sean el bien común. Como ciudadanos que somos, nos duele y nos preocupa que esto pueda ocurrir y también que la sociedad se acostumbre a esta pérdida de calidad de la vida política.

Alcanzar buenas prácticas de la vida política y de la actividad legislativa llevará tiempo y esfuerzo. Requerirá una firme decisión, que desearíamos fuera asumida con convicción por quienes se postulan para dirigir los destinos de la Patria.