Fuertes críticas al Consejo Agrario Provincial

“Preocupa seriamente la falta de rumbo” de la entidad, manifestaron presidentes de Sociedades Rurales en reunión con diputados. Explicaron que 150 millones de pesos se han volcado en el mercado negro a partir del robo del ganado, la faena clandestina y mataderos municipales. Pidieron que el abigeato no sea excarcelable. Denunciaron imposibilidad de acceder al presupuesto del organismo, y la designaciones pocos claras de Julián Fueyo.

Este martes, en el marco de una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, presidida por el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Fernández, presidentes de las entidades que nuclean a los productores agropecuarios Santacruceños, manifestaron fuertes críticas a las autoridades del Consejo Agrario Provincial, además de plantear la necesidad de políticas claras en materia de explotación ganadera, lucha contra el abigeato, el incremento de la población del guanaco, entre otros temas.

Es así que Juan Carlos Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Las Heras, Miguel O´Byrne, su par en la Sociedad Rural de Río Gallegos y Marcos Williams, vocal por el sector ganadero en el Consejo Agrario Provincial, brindaron un extenso panorama a los diputados que integran esta comisión de trabajo, entre los que se encontraban, además de Fernández, los legisladores del Frente para la Victoria – Partido Justicialista Carlos Albrieu, Leonardo Álvarez, Rubén Contreras y Darío Galbán, como así también el radical Héctor Roquel.

Los productores manifestaron que “preocupa seriamente la falta de rumbo del Consejo Agrario Provincial”, detallando luego que la entidad, creada constitucionalmente, carece de profesionales, de laboratorio para certificaciones de lana, de controles en Recursos Hídricos, de vehículos para implementación de programas, el desguace de las delegaciones del Interior Provincial, la falta de reuniones del Directorio – “que deberían hacerse cada15 días y a la fecha se realizaron sólo cinco” – la acefalía de la Dirección de Recursos Naturales, y alertaron sobre designaciones poco claras por parte del Presidente, Julián Fueyo, además de la imposibilidad de acceder al presupuesto asignado para tal organismo, que implicaría conocer la inversión que el Ejecutivo tiene previsto para la implementación de políticas para el sector.

Respecto del abigeato, los ruralistas denunciaron que según estimaciones propias, 150 millones de pesos se han volcado en el mercado negro a partir del robo del ganado, la faena clandestina y el rol central de los mataderos municipales, algunos de los cuales no cuentan con habilitaciones, situación que se incrementa por la falta de controles – “el GEOR cuenta con un vehículo de la década del ´70, señalaron” – también pidieron una modificación a la Ley de Excarcelaciones, buscando que dicho delito sea penado, alegando que “son detenidos y al día siguiente liberados”.

Otro tema abordado tuvo que ver con la necesidad de “coexistencia” entre la producción agropecuaria y la minería, proponiéndose para ello la realización de mesas de trabajo multi-sectoriales a los efectos de analizar el impacto de la actividad extractiva en el sector rural, como así también la licencia social que cada comunidad le confiere para su desarrollo, lo que debería verse reflejado en mayores inversiones en Responsabilidad Social Empresaria.

Finalmente, junto a los legisladores se acordó actualizar la Ley de Marcas y Señales, como así también la norma que establece penas para el delito de abigeato, además de analizar la posibilidad de gestionar la instalación de una planta de gas envasado en Santa Cruz y el mejoramiento de los sistemas de comunicación en zonas rurales.