Servicios Públicos explicó muestreos y resultados sobre la calidad del agua de Puerto Deseado.
Lo hizo ante la comisión de Salud del parlamento provincial. Luego de analizar la documentación presentada, que da cuenta de que la localidad se enmarca en los parámetros del Código Alimentario Argentino, con la anuencia del legislador radical Héctor Roquel, el proyecto de resolución de pedido de Informe de su autoría fue enviado a archivo.
En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Transporte y Vivienda, que preside la diputada del Frente para la Victoria, Claudia Martínez, fueron convocadas autoridades de la estatal Servicios Públicos, a los efectos de brindar detalles de los estudios físico-químicos y bacteriológicos realizados sobre el agua de la que se abastece la comunidad de Puerto Deseado, a partir de un proyecto de Resolución presentado por el legislador radical, Héctor Roquel.
En ese sentido, Ricardo Muñoz, integrante del directorio de SPSE, que acudió con técnicos de la empresa, presentó documentación detallada de los muestreos realizados en el primer semestre del año en curso sobre los pozos de captación de agua de la localidad, dando cuenta que los valores de arsénico y cloruros “son propios de las condiciones hidrogeológicas de la zona, que determinan la calidad de agua subterránea”, señalan en la Nota Interna N° 194.586/LAB/GG/14, que fue adjuntada al expediente legislativo.
Luego de explicar que mediante las Resoluciones Conjuntas 34 y 50 de 2012, emanadas por las secretarías de Políticas, Regulación e Institutos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se modificaron los artículos 982 y 983 del Código Alimentario Argentino y se prorrogó por cinco años el plazo para alcanzar el valor de 0,01mg/l de arsénico en los términos previstos, “hasta contar con los resultados del estudio de hidroarsenicismo y saneamiento básico en la República Argentina – estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas, cuyos términos fueron elaborados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal”, Santa Cruz se encuentra dentro de los parámetros de esta nueva modificación.
A partir de esta explicación, y de la promesa de efectuar las medidas sanitarias correctivas, además de la instalación de una planta de ósmosis inversa, cuya licitación será lanzada el próximo 24 de octubre, con la anuencia del legislador Héctor Roquel, el proyecto de resolución de su autoría fue enviado a archivo.
Cabe destacar que participaron de la reunión, además de Martínez y Roquel, los legisladores del Frente para la Victoria, Roberto Fernández, Darío Galbán, Leonardo Álvarez y Stella García.
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