Proponen la creación del Archivo digital General de la Provincia

Lo hizo el diputado Silvio Suárez, con el objetivo de conservar, preservar, difundir y dar acceso al patrimonio documental y a los archivos del Estado, a través de un proceso de organización y digitalización, resaltando la importancia del Patrimonio Documental de la Provincia.

El diputado del Frente para la Victoria, Silvio Suárez, presentó esta semana un proyecto de Ley con el objetivo de crear el Archivo General de la Provincia, el que velará por la conservación, preservación, difusión y acceso al patrimonio documental y a los archivos del Estado, organismo que será “el repositorio final del Patrimonio Documental de la Provincia, recibiendo la documentación que esté en la fase de conservación permanente, previa selección de los archivos centrales, los que oficiarán las veces de archivos intermedios de cada institución”.

Las funciones de este archivo, serán de resguardar en forma eficiente y racional el Patrimonio Documental; adecuar la organización y funcionamiento del archivo al concepto de Empresa de Información, tanto en su carácter receptivo como en el servicio a los usuarios presentes o remotos; editar los auxiliares descriptos del Patrimonio Documental; procurar el enriquecimiento del Patrimonio a través de adquisiciones o teniendo control de los archivos particulares, integrantes o no del Sistema, que posean documentación de carácter histórico; extender copias y certificaciones a quienes las normas permitan el acceso; además de estipular las condiciones de accesibilidad de los distintos Fondos y Colecciones, según su estado de conservación.

Este organismo, dependerá de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, la que será eje operativo y competente de la organización, normalización y funcionamiento, y tendrán como obligación, el establecimiento de los mecanismos de conexión interna entre los integrantes del Sistema; la promoción y establecimiento de Convenios de Adhesión a la Dirección General de Archivos de aquellos organismos que no sean parte natural del mismo; celebrar convenios de cooperación técnica con instituciones oficiales o privadas, nacionales o internacionales, vinculadas a la labor archivística; promover la realización de cursos de capacitación archivística y la asignación de becas de estudio y perfeccionamiento en este ámbito para el personal que trabaje en Archivos; reunir la información de los documentos de las dos primeras edades (tramitación, vigencia y plazo precautelar) y determinar su disponibilidad y grado de confidencialidad; como así también rescatar y reubicar los documentos de organismos que hayan sido disueltos o privatizados; entre otros.

Este proyecto de ley, fue pensado teniendo en cuenta “el lugar de la cultura dentro de la estructura del Estado”, el que Suárez consideró “debería ser respetado”, previendo para ello “dotar de una estructura a las entidades participantes en la preservación, que asegure la intervención de especialistas y profesionales de la información en la toma de decisiones, y que permita el cumplimiento de planes a largo plazo sin perturbaciones ante los cambios de los funcionarios políticos”.

“Es necesario implementar acuerdos para la catalogación de documentos en forma compartida y para la generación de fuentes integradas de información referencial que permitan consultar con certeza datos sobre la existencia de documentos inéditos y bibliografía, así como su localización, disponibilidad y digitalización”, expresa el Proyecto de Ley, a su vez que considera que “las actividades de preservación pueden mejorar el acceso potencial, pero plantean un dilema a las comunidades o individuos que custodian o poseen el patrimonio documental. Otras veces, los imperativos legales o de derecho de autor pueden limitar la libertad de acceso durante un tiempo. Es preciso aceptar sin ambages e inteligentemente estas realidades culturales”.