Los dos gremios de la construcción pretenden insertar a sus trabajadores afiliados en el mega proyecto hidroeléctrico que constituirán las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” en el río Santa Cruz. En una primera etapa se requerirán 1.500 obreros.
Si bien las expectativas laborales por este emprendimiento comenzaron a gestarse hace varios años, las mismas se revitalizaron el domingo cuando la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, presidió en El Calafate el acto de inauguración de un nuevo hospital público.
En esa ocasión el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, firmó el acta formal de inicio de las obras de las represas con el grupo empresario que se las adjudicara, conformado por Gezhouba y Electroingeniería SA.
Ello ocurrió a pocos días de que la Presidente rubricara en Beijing un acuerdo por el cual el gobierno de la República Popular China avaló un crédito bancario de 4,7 mil millones de dólares en varias etapas para financiar el emprendimiento.
La seccional Zona Sur de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), a cargo de Humberto Ruiz y que responde a nivel nacional a Gerardo Martínez, ya plantó su reclamo de puestos laborales, en tanto que la seccional Zona Norte liderada por Cristian Salazar aún no se expresó públicamente.
La primera de ellas hizo saber a través de medios periodísticos de Río Gallegos que tiene un listado de 800 obreros en espera de ser incorporados a la construcción de las represas que deben estar terminadas en 5 años.
Paralelamente, el Sindicado de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) que se formó en 2009 por una escisión en la UOCRA y es conducido por Víctor Grossi (vinculado al Partido Obrero), también hizo pública ayer sus pretensiones de puestos laborales.
Este gremio actúa en doce provincias y en Santa Cruz (donde tiene un fuerte enfrentamiento con la UOCRA) su principal vocero es el caletense Alejandro Lugo.
Desde ese ámbito se reveló que en pocos días más esperan ser convocados a una reunión con autoridades provinciales y nacionales, de la cual también tomarían parte directivos del grupo empresario, a fin de coordinar la incorporación de obreros, según informó Diario Patagónico.
No está en claro si ese encuentro se llevaría a cabo en Río Gallegos o en Buenos Aires, pero se cree que para evitar situaciones conflictivas entre gremios, se repartirían las plazas laborales bajo la premisa de que “hay trabajo para todos”.
Ello en razón de que cuando las obras estén en su punto más alto de avance se requerirán 5.000 puestos de trabajo directo y otros 10 mil indirectos, correspondiendo la primera etapa a la construcción de obradores.
Los municipios también esperan
A todo esto, salvo expresiones de deseos, hasta el fin de semana los intendentes de todas las localidades santacruceñas aún no se habían expedido sobre pedidos de puestos laborales para los desocupados de sus propias comunidades.
El primero en hacerlo fue el de Caleta Olivia, José Córdoba, quien ayer comentó a Diario Patagónico que esperaba ser convocado por autoridades nacionales y provinciales para que se atiendan las necesidades laborales de esta comunidad.
Córdoba tiene a disposición listas de desocupados que manejan dos organismos municipales, la Agencia de Trabajo y la Agencia de Desarrollo, con especificaciones de especialidades de cada postulante para el caso de que sean requeridos en el trabajo de las represas.
Paralelamente, el diputado provincial Rubén Contreras hizo hincapié en la imperiosa necesidad de que se respete una ley de su autoría que está en vigencia desde 2010, cual es la N° 3.141 y vulgarmente se la denomina 70-30.
La misma establece que las empresas mineras, hidrocarburíferas, de la construcción y otros grandes emprendimientos que operan en territorio santacruceño, tienen la obligación de contar con un plantel de 70 % de trabajadores oriundos de esta provincia, o bien con más de tres años de radicación en la misma.
En la práctica, esa normativa muchas veces no se cumplió y los casos emblemáticos se registran en el ámbito de la minería.
El Cuidadano de Las Heras.
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