La mañana de este miércoles 18 de febrero se retomó el debate por el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que ya cuenta con media sanción del Senado. Expusieron funcionarios nacionales, entre ellos, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, titulares de la SI y Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia.
En soledad, los diputados del Frente para la Victoria iniciaron el viernes pasado el tratamiento en comisión del proyecto del ejecutivo. Tal como sucedió en el Senado, los bloques opositores renunciaron a participar de la discusión, por lo que se paso a cuarto intermedio instando a que se presentase la oposición a debatir. Retomado el debate, se sintieron las ausencias de la UCR, el PRO, el GEN, el Partido Socialista y el peronismo disidente, entre otros. Solo se presentó la Diputada Elisa Carrio quien hizo uso de la palabra para desacreditar con insultos y agravios la investidura presidencial y de los funcionarios nacionales y del jefe del ejército, para luego retomar su agenda personal.
Por su parte, la Diputada Diana Conti, quien presidió el plenario de comisiones, lamentó que no se cumpliese con el “tan proclamado deber republicano”. Participaron, además, los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Defensa y de Legislación Penal, y el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez.
Pasado el debate, se llevó a cabo la firma de dictamen, y se prevé que el proyecto será tratado en recinto el próximo miércoles 25 para ser convertido en ley. El mismo, propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre sus puntos más destacados, que han sufrido modificaciones durante su paso por el Senado, destacan: la designación del director y subdirector de la AFI debe realizarla el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado por mayoría simple, y podrán ser removidos por este en cualquier momento; estos serán los únicos autorizados para establecer la relación institucional con el Poder Judicial, de la misma manera el juez que solicite los servicios de la AFI deberá hacerlo con una orden fundada, limitando así el rol de “auxiliar de la justicia” que organismos de derechos humanos cuestionaban.
Por otro lado, las escuchas telefónicas serán traspasadas a la órbita de la Procuración General y se establecen mayores criterios de transparencia y control para los gastos de Inteligencia. Los archivos se desclasificarán automáticamente a los 15 años y cualquier ciudadano que demuestre un “interés legítimo” podrá solicitar sus archivos.
Finalizado el debate, el Diputado santacruceño Mario Metaza, quien participo del debate en sus dos reuniones, afirmo que “se siente orgulloso de participar una vez más en la agenda del ejecutivo que tiene como política de estado proponer transformaciones que empoderen al pueblo, respetando y ampliando sus derechos y, en este caso, protegiéndolos con una ley de inteligencia que tiene como eje la seguridad de la ciudadanía”.
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