Al mediodía de ayer, el juez de instrucción de Las Heras, Eduardo Quelín, otorgó la libertad a los trece hombres que permanecían detenidos.
Estaban alojados desde el domingo 8 de marzo en diferentes dependencias policiales de la zona norte santacruceña, luego del masivo operativo de desalojo en viviendas usurpadas.
En la práctica, los imputados recién pudieron abonar sus sitios de encierro a media tarde ya que, luego de ser notificados formalmente en Las Heras sobre la resolución del magistrado, la mayoría de ellos fueron trasladados a Caleta Olivia y otros a Pico Truncado -donde cumplían sus arrestos-, para buscar sus pertenencias y ser sometidos a un examen médico.
Inicialmente – el lunes-, Quelin les había denegado la excarcelación pero finamente ayer hizo lugar al pedido de la defensora oficial, Sandra Reynoso.
De todos modos, pese a quedar libres, la mayoría de ellos viajó en dos móviles utilitarios con sus manos esposadas y fuertemente custodiados por efectivos de la División Infantería . Aproximadamente ocho de ellos llegan a Caleta Olivia, donde eran aguardados por familiares y amigos.
Se les imputó no solo el delito de usurpación, sino también el de asociación ilícita y hurto y si bien ya dejaron los calabozos al considerarse que no hay peligro de fuga, quedaron sujetos al proceso judicial ante un posible cambio de carátula de la causa.
EL OPERATIVO
Vale recordar que las casas que habían usurpado, algunos con sus familias, pertenecen al Sindicato Petrolero de Santa Cruz, entidad que había presentado denuncias ante la justicia e incluso pedido la intervención del gobernador Daniel Peralta para solucionar esa problemática. En total, las viviendas ocupadas oscilaban en el centenar y la mayoría estaba en una etapa final de construcción cuando fueron ocupadas ilegamente.
El domingo 8 de marzo, alrededor de doscientos policías de fuerzas especiales procedieron a realizar el operativo de desalojo y llevaron detenidas a 35 personas, la mayoría de las cuales recuperó su libertad al día siguiente.
Dos días más tarde, el titular de la Plana Mayor, comisario general Salomón Aleuy, aseguró que, al margen del desalojo, se secuestraron armas de fuego, armas blancas, tumberas, dinero, drogas, municiones de guerra, teléfonos celulares y otros elementos relacionados con hechos delictivos que investigaba el citado Juzgado de Instrucción.
Consignó que adicionalmente hubo allanamientos en casas ubicadas en otro sector de Las Heras y que la mayoría de las familias involucradas en las usurpaciones eran oriundas de Jujuy, Salta y Formosa e incluso otras eran extranjeras
PROTAGONISTAS
Todos negaron haber contado con armas de fuego o drogas y solo admitieron el delito de usurpación, justificando ello en imperiosa necesidad de tener un sitio para vivir.
Uno de los individuos, que dijo apellidarse López, contó que él era un trabajador de la construcción y delegado de UOCRA y que si bien conservaría su trabajo, esta situación lo afectaba de sobremanera porque lo habían tratado como un delincuente.
También se registró una situación irónica entre el grupo de detenidos ya que un formoseño, Raúl Alsina, dijo a este diario que se dedicaba a realizar tareas de mantenimiento en la casa particular del padre del juez Quelin y en un hotel que pertenece a la familia del mismo magistrado.
Cuando se cruzó con el juez –según sus dichos- éste le preguntó: “¿ vos que hacés acá?” a lo cual le respondió : “es por lo de las usurpaciones don Eduardo”.
“Y bueno, ya sabés como es esto, la ley es pareja para todos” fue la respuesta de Quelín.
(Fuente: La Vanguardia Sur.)
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