El Presidente Macri designó por decreto a los dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, cuyos lugares estaban vacantes, ya que se necesitan 5 miembros para completar la suprema instancia de Justicia del país.
Esta medida es inédita en la historia argentina, puesto que sólo contamos con tres tristes antecedentes: Bartolomé Mitre en el año 1852, Uriburu en 1930, y José María Guido en 1962. Cabe resaltar que con Mitre no existía la Constitución con la que contamos, y tanto Uriburu como Guido gobernaron bajo gobiernos de facto. Cuando se designan miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo propone a los posibles candidatos al Senado de la Nación para someter su selección a un debate plural y transparente de cara a la los representantes del pueblo argentino. En caso de no haber sesiones, se llama a sesiones extraordinarias, considerando la urgencia de la situación, y se debate y se trata la propuesta de los candidatos (independientemente del receso legislativo). Esto no sólo no sucedió, sino que Macri optó por un método altamente arbitrario y antipopular, seleccionando a ambos miembros (Horacio Rosatti yCarlosRosenkrantz) por antecedentes, sin haber negociado previamente con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, según fuentes de la Casa Rosada.
Amparándose en un artículo de la Constitución, en donde faculta al Presidente para designar a jueces de carrera, embajadores, entre otros, el Presidente Macri lo mal utiliza para designar a jueces de la Corte Suprema de la Nación, omitiendo el procedimiento legal según el cual el nombramiento debería ser sometido al Senado de la Nación Argentina. Esto es un avasallamiento a las leyes y a las voluntades populares y una involución institucional inmensa: Este gesto de autoridad que responde a la falta de mayoría en la Cámara de Senadores debe ser observado y criticado duramente ya que fija un antecedente grave en la historia de la democracia argentina.
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