Diputados aprobó el proyecto del Ejecutivo de acceso a la información pública

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del poder ejecutivo de acceso a la información pública, con el apoyo de 229 votos de la mayoría de los bloques y sólo cuatro rechazos de los legisladores de la izquierda.

El proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Ejecutivo recibió este miércoles el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados, a excepción de cuatro legisladores de izquierda, luego de más de cuatro horas de debate, en una sesión que se prevé que durará hasta el jueves y que discutirá también el reintegro de IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales y una propuesta antidespidos.

La iniciativa consiguió un apoyo casi unánime en el recinto, al sumar 229 votos a favor y sólo cuatro en contra de los diputados de izquierda y una abstención del legislador kirchnerista Julio Solanas.

La discusión sobre el proyecto, que apunta a facilitar el acceso a la información estatal y transparentar la gestión pública, se inició a las 13.50 y concluyó poco después de las 18 con la votación en general.

La propuesta recibió algunas modificaciones durante el tratamiento en particular de sus artículos, entre ellos una propuesta por la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) y aceptada por el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Unión PRO-Cambiemos), para limitar eventuales decisiones judiciales que eximan a los magistrados del alcance de esta ley.

Carrió propuso que “cualquier decisión judicial” que vaya en contra de la norma será causal de “mal desempeño” y ello, según está contemplado en la ley, puede habilitar el juicio político.

El texto, que será girado al Senado para su tratamiento, establece que todos los ciudadanos están habilitados para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional y que esa solicitud deberá “ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles”.

Ante la denegatoria de una información, el solicitante tendrá un plazo de hasta 40 días para interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley y que tendrá un director elegido por el Poder Ejecutivo.

Si bien la oposición acompañó el proyecto en general, objetó las excepciones planteadas para la entrega de información, mientras las organizaciones de la sociedad civil, que participaron del debate en comisión, habían cuestionado la falta de “autonomía” de la autoridad de aplicación de la ley, que dependerá del Poder Ejecutivo.

Durante el debate, Tonelli defendió la propuesta del Ejecutivo y consideró que “tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción”.

Insistió con que la iniciativa servirá para “que el pueblo conozca todo lo relativo al funcionamiento del gobierno y todo lo que el gobierno posea”.

“En América Latina, Venezuela, Bolivia y Argentina son los únicos países que no tienen ley de acceso a la información pública, lo que implica que cuando un ciudadano pregunta, un funcionario no está obligado a responder”, graficó por su parte la diputada radical Karina Banfi.

La legisladora, que integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su guía de implementación para la OEA, planteó que el objetivo de la norma apunta a “conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos”.

Por su parte, la legisladora del Frente Renovador Graciela Camaño advirtió que la norma es un instrumento que protege un “derecho fundamental” y sirve “para empezar a sembrar la obligación en los tres poderes del Estado del libre acceso a la información pública de todos”.

“Hoy saldamos una deuda, pero en Argentina existían leyes secretas que dejaron de serlo de la mano de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Fernández de Kirchner”, recordó a su turno la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti.

Para la izquierda, en la voz del diputado Pablo López, se trata de una ley “de preservación de secretos” porque no garantiza el acceso a archivos secretos sobre la dictadura o la causa AMIA.

(Fuente: Télam.)