La disposición del Gobierno busca normalizar la actividad escolar debido al paro que realiza un grupo de sindicatos estatales desde hace 81 días consecutivos.
La medida fue adoptada por el ministro de Educación, Diego Romero, y se comunicó el jueves a la totalidad de los establecimientos educativos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, donde las mismas autoridades estiman que cerca de 3.000 alumnos aún no empezaron el ciclo lectivo.
Una nota oficial que lleva la firma de la secretaria de Educación provincial, Verónica Aguirre, ordena con carácter de “urgente” la “reasignación de las tareas que garanticen la cobertura de aquellos grados o salas sin actividad, con los docentes que ostenten o ejerzan los cargos de vicedirectores, secretarios, maestros auxiliares o pares pedagógicos”.
El fundamento de la decisión es “reorganizar el funcionamiento de los establecimientos educativos, garantizando de esta manera la apertura de todos los grados y salas, dado que a la fecha, hay algunos que todavía no comenzaron las clases”, afirma el documento al que accedió Télam.
También agrega que la falta de docentes en las aulas, o la labor prestada de manera interrumpida por el paro, ha impedido el cumplimiento de “la trayectoria escolar de los alumnos”, generando una “emergencia de público conocimiento”, y obligando a adoptar estas medidas para “garantizar el derecho a la educación”.
El gobierno fueguino ya había dispuesto con anterioridad el otorgamiento de cargos docentes para sustituir a quienes se encuentran de paro, primero por acto público, y después de manera directa.
Sin embargo, esa decisión permitió el nombramiento de unos 20 docentes, del total de 80 que hacen falta para normalizar el dictado de clases.
El ministerio de Educación sostiene que el paro tiene mayor influencia en Ushuaia que en Río Grande, pero admite que hay alumnos sin clases desde hace más de dos meses, lo que pone en peligro el año escolar, aún con los mecanismos de recuperación que se están planificando.
El sindicato docente (Sutef) encabeza las protestas de la denominada “unión de gremios” que reclama por la vigencia de una reforma previsional sancionada en enero de este año.
Si bien la actividad en la mayoría de las oficinas públicas se encuentra normalizada, el sector educativo mantiene la mayor presión sobre el gobierno para que se deroguen las normas que modificaron los requisitos de acceso a la jubilación en el distrito, entre otro cúmulo de medidas.
(Fuente: Télam.)
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