La gobernadora recibió a referentes de la Federación Económica de Santa Cruz, de la Cámara de Turismo, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, de Río Gallegos y el interior provincial. Allí, luego del planteo de los empresarios, se acordó suspender el tratamiento del proyecto en la Legislatura y establecer una mesa de trabajo.
Luego del rechazo unánime que generó en el sector productivo de Santa Cruz el proyecto de ley 157/2016 que establece una serie de modificaciones de alícuotas en ingresos brutos y cambios en los impuestos a los sellos y tasas administrativas, por el cual el Gobierno Provincial proyectaba lograr mejorar la recaudación en unos 700 millones de pesos al año, se generó una instancia de diálogo entre los sectores y las autoridades provinciales.
Representantes de la Federación Económica de Santa Cruz; de la Cámara de Turismo, filial Santa Cruz; de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos, además de referentes de la Cámara de Comercio de El Calafate y de Caleta Olivia, entre otros, fueron convocados ayer por la tarde a una reunión en Casa de Gobierno.
Los empresarios fueron recibidos por la gobernadora Alicia Kirchner que estuvo acompañada por el vicegobernador Pablo González, el ministro de Economía Juan Donnini, de la Producción Leonardo Alvarez y la titular de la ASIP.
Allí los empresarios “expusimos nuestra situación de alerta ante la modificación impositiva que se pretendía hacer, debido a la delicada situación económica que atravesamos”, indicó Guillermo Polke, presidente de la FESC, a La Opinión Austral.
El empresario señaló que concurrieron al encuentro para proponerle al Gobierno se escuche la realidad de los sectores antes de avanzar en esta modificación.
Ante ello, el dirigente mercantil resaltó la postura de Alicia Kirchner, “quien planteó suspender el tratamiento del proyecto y establecer una mesa de trabajo en la que cada sector pueda exponer sus números y su realidad, trabajando rubro por rubro y ver así qué se puede modificar y qué no”.
En ese sentido, Polke sostuvo que “estamos muy agradecidos a la gobernadora por habernos escuchado”, y sostuvo que “ella nos indicó que el Gobierno nunca quiso afectar a nadie, pero que también la realidad de la economía provincial es muy delicada”.
Sostuvo que se reconoció que en la labor del “día a día” se tomaron algunas decisiones en base a un escenario planteado en el mes de enero y que con todo lo que ha pasado a nivel nacional “ahora es distinto”.
El empresario volvió a resaltar que “lo más importante es el canal de diálogo que se logró abrir para poder llegar a una decisión consensuada”.
Finalmente sostuvo que se aprovechó el encuentro para hablar de las negociaciones que se realizan a nivel nacional para reactivar la obra pública, las represas hidroeléctricas y la situación en torno a la empresa YCRT en la Cuenca Carbonífera.
En el caso de las represas, “se espera una pronta reactivación, por lo que también le pedimos a la gobernadora que tenga en cuenta la necesidad de que exista un encuentro con la UTE, ante la falta de pago a los proveedores locales”. La deuda que mantiene la encargada de la obra asciende a 130 millones de pesos, distribuidos entre 25 y 30 proveedores locales, “y lo peor de todo es que el diálogo está cortado”.
(Fuente: La Opinión Austral.)
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