El oficialismo buscará emitir dictamen con las reformas al proyecto de pago a jubilados

Los principales cambios al texto enviado por el poder ejecutivo están vinculados a la venta de acciones del fondo de garantía de sustentabilidad, y ampliar a jueces y legisladores las restricciones para acceder al blanqueo de capitales.

El oficialismo de la Cámara de Diputados accedió a introducir cambios en el proyecto de pago a jubilados y blanqueo de capitales, de manera de contar con el consenso necesario para dar dictamen a la iniciativa en el marco de un plenario de comisiones y poder tratarlo en el recinto dentro de una semana.

El proyecto que tendrá despacho en el plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto (prevista para las 12) establece que se abonarán las sentencias de los jubilados y los reajustes de haberes, que será solventado con el impuesto que se cobrará sobre el blanqueo de capitales y la rentabilidad del Fondo de Garantía Sustentable.

Si bien el interbloque de Cambiemos se mostró perceptivo a incluir algunos cambios como establecer criterios cuando se pueden vender los activos que tiene en empresas privadas, rechazó de plano la propuesta de financiar el déficit retroactivo que tienen las cajas previsionales en manos de las provincias como exigen varios mandatarios.

Lo que sucede que los 13 gobernadores que tienen en su poder cajas previsionales quieren que el Estado cubra el déficit que tienen desde el 2010, desde hace varios años entre el haber mínimo que garantiza la administración central y el 82 por ciento móvil que pagan esas provincias.

“Nosotros no vamos a financiar el delirio de ninguna provincia”, aseguró una fuente del oficialismo sobre esta propuesta del FPV y de los diputados que responden a Juan Schiaretti.

Finalmente, durante la jornada de hoy se acordó con los bloques de extracción peronista que sólo aceptaría si se logra un acuerdo entre el gobierno y los mandatarios hacer una auditoria en cada una de las cajas de provincias y cubrir desde ahora la diferencia entre el haber mínimo y los montos que paga cada distrito.

Así, al menos el Frente Renovador, el Socialismo y Juntos por Argentina, acompañarían con disidencias parciales el texto del oficialismo, mientras el Frente para la Victoria aún no terminó de definir su postura.

En tanto, el Frente para la Victoria, el Partido Solidario, el bloque Justicialista, y la izquierda, presentarían con diferentes argumentos sus propios dictámenes de minoría.

Hasta esta noche, el oficialismo aceptó introducir cambios por pedidos de sus propios legisladores y de la oposición en el artículo que establecía penas de prisión para quienes difundan información sobre las personas o empresas y aquí se mantendrán las mismas sanciones que las que establece la ley sobre secreto fiscal.

También se trabaja en una nueva redacción del artículo 1 del proyecto, que es el que declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional; al eliminarla o amortiguar sus efectos.

En cuanto a las personas que no podrán acceder al blanqueo, el gobierno propuso que sólo se impidan a quienes fueron funcionarios desde el 2010 a la fecha, pero el oficialismo acordó con la oposición sumar a jueces y legisladores.

En tanto que aún se trabaja en la posibilidad o no de incluir a los familiares de quienes integran o integraron el Estado.

Sobre la liquidación de acciones, el oficialismo aceptaría que se ponga restricciones para poder desprenderse de los mismos, como que la empresa pueda tener riesgo de quiebra o estar en una situación de inestabilidad.

El oficialismo accedería también a modificar la edad de la pensión a la vejez para mujeres, bajándola de 65 a 60 años, de acuerdo a una propuesta realizada por los bloques que lideran Sergio Massa y Diego Bossio.

En el mismo sentido, desde la mayoría del arco opositor buscan que Cambiemos acepte prorrogar la moratoria previsional por al menos cinco años.

A lo largo del mega proyecto además se incluye una reforma del sistema tributario ya que se establece que en el 2019 se elimina el impuesto a las bienes personales y el impuesto a la ganancia presunta y se crea una comisión bicameral para analizar el sistema tributario.

(Fuente: Télam.)