La ATE parará 10 días el Senasa en rechazo al presupuesto del organismo

El personal del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria nucleado en el gremio estatal paralizará las tareas desde este miércoles, con movilizaciones, en rechazo del presupuesto 2017 para el organismo enviado al Congreso Nacional.

El coordinador nacional de la ATE-Senasa, el dirigente Jorge Ravetti, indicó en un comunicado de prensa que la conducción nacional del sindicato convocó a una huelga en todo el país durante diez días a partir de la 0 del miércoles próximo hasta la medianoche del 30 de este mes, con movilizaciones generales.

Ravetti informó que el gobierno nacional envió el 15 de septiembre último al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto 2017, que incluyó las partidas para el Senasa y, “con asombro e indignación, el gremio analizó los números”, afirmó el dirigente.

“El presupuesto del Senasa es de 3.746 millones de pesos en gastos y un recurso de 6.192 millones (en la proyección de la recaudación propia del organismo para ese año en tasas, aranceles y el porcentaje de las importaciones). Ello indica que se impone una restricción real de 2.446 millones, es decir, un ajuste para financiar el déficit del Tesoro Nacional. Las partidas para el funcionamiento operativo se reducirán incluso de manera nominal respecto de 2016 a la mitad también en términos reales”, aseveró.

Para Ravetti, ello significará el año próximo “un Senasa absolutamente paralizado y sin capacidad operativa”, y explicó que de forma histórica el organismo se financiaba con recaudación propia y aportes del Tesoro, que desde 2017 “no lo hará y, además, se apropiará de gran parte de la recaudación derivada de tasas, aranceles y comercio exterior que el Senasa debe controlar”.

Ante un fuerte aumento previsto de las exportaciones agropecuarias, el organismo que controla sanidad y calidad para hacerlo posible “estará atado de pies y manos, sin capacidad de acción, lo que hará imposible resolver la precariedad laboral”.

Los estatales reclaman estructuras edilicias necesarias para que los trabajadores gocen de condiciones laborales dignas y sin riesgos, como “la apremiante barrera estratégica ubicada en el límite de Tucumán, Santiago del Estero y Salta”, dijo Ravetti.

También señalaron que en el marco de la autogestión, los veterinarios y paratécnicos de sanidad animal no tendrán recursos económicos (viáticos y movilidad) para hacer muestras en el campo, en tanto “las barreras y fronteras continuarán funcionando en un estado deplorable y con riesgo inminente para la salud pública”.

Según la ATE, para 2017 se previó un gasto de personal (salarios, horas extras y servicios requeridos) de 2.892 millones (77 por ciento); de bienes de consumo (artículos de librería, combustible, insumos de laboratorios y repuestos) de 89 millones (2,4); de servicios no personales (contratos Argentina, viáticos, movilidades, leasing, alquileres, seguros, mantenimiento de vehículos, equipos, servicios públicos) de 632 millones (17), y de bienes de uso (no consumidos en el ejercicio, como aporte local obra para laboratorio, contrataciones, computadoras, impresoras y aire acondicionado) de 72 millones, es decir, del 2 por ciento.

“En los recorridos realizados en varias provincias, incluyendo Buenos Aires, la ATE halló dependencias (ofinas locales) cerradas por falta de pago de alquileres, de insumos y ropa laboral”, dijo.

Para el dirigente, de continuar esa situación general “la seguridad fitozoosanitaria estará en grave peligro”.

Al respecto, mencionó que el resurgimiento de las enfermedades aftosa y HLB significaría “el fin de las agroexportaciones”.

“El gobierno observa un crecimiento de las exportaciones sin prever la necesidad de proteger a la población y a la capacidad exportadora de esos dos flegelos. Existe un punto de inflexión. El futuro del Senasa, su presupuesto real, el cese de la precarización laboral y de las pésimas condiciones de trabajo, dependerán de la fuerza gremial de los 6.800 empleados”, afirmó.

Los estatales también exigieron el pase al artículo 9 de los contratados Argeninta (monotributistas) -incluidos los que están bajo programa HLB, Fucosa, Picudo Algodonero, Lobesia botrana, Afinoa, Mosca de fruto, Procem y Copresame, entre otros-; la efectivización de los concursos de 2014; el cese de la automatización (certificación eléctrónica), que implica el despido y la ausencia de control sobre los productores; del intento de derogar el decreto 4.238 que legisla de forma particular al organismo y el rechazo a la privatización de funciones del Estado.

(Fuente: Télam.)