La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto para prohibir las carreras de galgos en todo el territorio argentino y que castiga con penas de hasta 4 años de cárcel y multas de hasta 80.000 pesos a quien realice, promueva u organice la actividad.
La iniciativa fue respaldada por 132 votos que fueron cosechados por el interbloque de Cambiemos, el massismo y el bloque justicialista y la izquierda, mientras que el rechazo fue impulsado por 17 legisladores, algunos representantes del Frente para la Victoria, y el diputado salteño Alberto Olmedo.En el debate en particular, el artículo referido a la pena de prisión de cuatro años tuvo una ajustada votación de 77 a 74 sufragios, lo que marcó las diferencias que existían sobre si se aplicaba una sanción que podría incluir la prisión.
El debate se realizó mientras en las proximidades del Congreso permanecían partidarios de la prohibición de las carreras y también defensores de la actividad.
En el tratamiento en el pleno del cuerpo legislativo se generaron momentos de tensión por las acusaciones de los diputados de Progresistas, Victoria Donda, y de izquierda, Néstor Pitrola, contra el salteño Alberto Olmedo, quien lució un prendedor con la imagen del presidente electo de Estados Unidos. Donald Trump.El debate fue abierto por la presidente de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, quien dijo que se debe penalizar la práctica de las carreras de perros porque “es un negocio de juego clandestino en el que las prioridades son las ganancias”.
La prohibición fue rechazada por la diputada kirchnerista Diana Conti, quien consideró “anticonstitucional” esta ley y dijo que “se están poniendo más penas a las carreras de galgos que a los accidentes viales o las riñas entre personas”.En tanto, el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola dijo que “las carreras de galgos constituyen un negocio capitalista basado en la explotación de los animales y el juego clandestino basado en las apuestas privadas y la ludopatía, que mueve miles de millones de pesos en todo el país”.
El proyecto que fue impulsado por la senadora Magdalena Odarda, prohíbe “en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza”.
Establece, entre otras cuestiones, que quiénes organicen, promuevan, faciliten o realicen carreras de perros, serán reprimidos con prisión de tres a cuatro años y multas que van de 4 mil a 80 mil pesos.
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