El año parlamentario

Unas cien leyes marcaron el ritmo de la política en el 2016.

En el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el Congreso aprobó un centenar de leyes que pudo sancionar, siendo minoría en las cámaras de Diputados y Senado, con el respaldo de un sector del peronismo que responden a los gobernadores y el Frente Renovador, aunque para ello tuvo que realizar concesiones a la oposición.

En ese marco, la primera ley que logró sancionar la coalición gobernante Cambiemos fue el pago a los holdout para solucionar la controversia tras los juicios entablados contra la Argentina en la justicia norteamericana.

En el conjunto de las cien leyes aprobadas por el Congreso, una de las que tuvo mayor impacto y que obligó al gobierno a intensas negociaciones fue la reforma del impuesto a las ganancias, donde el oficialismo -con la ayuda de los mandatarios provinciales- consiguió revertir la aprobación de un proyecto que tenía un costo fiscal cercano a los 100 mil millones de pesos.

Macri asumió con un Congreso que tiene mayoría peronista en el Senado 36 de los 72 integrantes, contra solo 16 de Cambiemos), mientras que en Diputados el oficialismo es primera minoría con 87 legisladores, pero lejos de los 129 del quorum propio.

Por eso para el gobierno, el año legislativo fue positivo, ya que pudo sancionar la mayoría de las leyes, y solo le quedó el sabor amargo de tener que demorar la reforma electoral por la oposición que tienen a la boleta electrónica la mayoría de los gobernadores peronistas.

Los principales proyectos sancionados en este año fueron:

El gobierno planteó al asumir con tema central que el Congreso le de herramientas para cerrar el conflicto con los fondos y el 30 de marzo se aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que autorizó a tomar deuda por 12.500 millones de dólares para cancelar el pago.

Para sancionar esta ley, el gobierno contó con el apoyo esencial de los gobernadores -que tienen una fuerte influencia en el Senado- y de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, porque para firmar un acuerdo necesitaba autorización para endeudarse y derogar las leyes Cerrojo (no podía abrir la reestructuración de la deuda) y de Pago Soberano.

La Argentina acumula desde hace años miles de juicios que hacen los jubilados contra el Estado  por la mala liquidación de haberes que hacía el Anses. El gobierno logró que el Congreso apruebe el 29 de junio la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

La propuesta contempla pagar los fallos firmes de la Corte Suprema y de las Cámaras de Seguridad Social, empezando por los jubilados de mayor edad, y actualizar a la vez los haberes de aquellos que no hicieron juicio, pero les corresponde una actualización, los cuales serán ajustados con la condición que renuncien a cualquier demanda contra el Estado.

El Congreso convirtió en ley el proyecto para fortalecer la industria autopartista que apuesta a generar 120 mil puestos de empleo. Así, después de más de doce años se aprueba un proyecto impulsado por la oposición, ya que esta propuesta fue propiciada por el sindicalista y presidente del bloque peronista Oscar Romero.

El proyecto busca promover la industria autopartista, que otorga beneficios fiscales a las terminales automotrices para que se eleven “la integración nacional de vehículos del 20 al 30 por ciento”. También beneficia a las maquinarias agrícolas que compren piezas o autopartes nacionales.

El Senado convirtió en ley el 6 de septiembre un proyecto que permite agilizar las condenas de los acusados cuando son pescados “in fraganti” cometiendo un delito. Este proceso se denomina “flagrancia” y facilitará a la justicia poder terminar rápido los casos de los delitos menores.

La norma, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -ya lo había intentado cuando era diputada- reforma el Código Penal y se puede aplicar cuando se trate de casos que reciban hasta penas menores a 15 años.

El Parlamento cumplió este año con una deuda que tenía con la sociedad: que pueda tener datos del manejo del Estado. El 14 de septiembre se sancionó el proyecto de Acceso a la Información Pública que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en un plazo de quince días.

Esta ley establece que se debe “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.

La ley para penalizar el uso de precursores químicos para la producción de estupefacientes se aprobó -tras varios años de demora- el 19 de octubre. Ahora la justicia tendrá una nueva herramienta para combatir el narcotráfico.

La nueva norma establece una pena de cuatro a quince años de prisión y multas para quien “sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas, guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia para fabricar estupefacientes”.

La ley del arrepentido para casos de corrupción finalmente pudo ser aprobada este año, con la asunción de Mauricio Macri, dado que si bien había muchos proyectos siempre existió un contundente rechazo del kirchnerismo a incorporar esta figura al Código Penal, que reduce la pena a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción.

Diputados sancionó definitivamente esta ley el 19 de octubre. La norma amplía la figura del arrepentido que ya existía para casos de trata de personas y narcotráfico, delitos contra el orden económico y financiero, y actos de corrupción de los funcionarios públicos.