Un informe del Ministerio Público Fiscal revela que la cifra iguala la del año anterior y que los procesos determinaron 142 condenas y 25 absoluciones.
“Durante 2016, aumentó en 80 el número de imputados con esta modalidad de detención, una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos”, consigna el informe realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal al comparar las cifras con 2015.
De esta manera, queda consignado que desde el inicio de los juicios en 2006 la cantidad de prisiones domiciliarias asciende a 519 contra 439 del año pasado, en tanto las detenciones en Servicio Penitenciario y otras dependencias es actualmente de 460, mientras que en 2015 era de 603.
Por otro lado, en 2016 aumentó la cantidad de detenidos en hospitales y otras dependencias de 28 a 67.
El relevamiento registra desde el inicio de 2016 al 20 de diciembre un total de 19 sentencias a la que se debe sumar la que ayer dictó el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, que condenó a prisión perpetua a seis ex efectivos de la Policía Federal por tres homicidios y secuestros.
En las conclusiones, el informe advierte sobre las “demoras y estancamientos en las instancias de juicio” y consigna que existen “249 procesos acumulados en alguna fase de la investigación”.
Para el organismo, “resulta preocupante” que este año “se haya consolidado la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año”, al comparar “el pico histórico” registrado en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año, seguido por 21 en 2014.
Desde el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en 2006 se han dictado 174 sentencias en todo el país, de las cuales 88 se encuentran aún en instancia de revisión, a raíz de que alguno de los imputados recurrió el fallo y su resolución se encuentra pendiente, detalla el informe.
El informe repasa además los “hitos del 2016 en el proceso de justicia”, en los que se destacan los tres funcionarios judiciales condenados: los ex jueces federales Luis María Vera Candioti en Santa Fe y Roberto Catalán en La Rioja y el ex fiscal federal Gustavo Demarchi en Mar del Plata, por su participación en el terrorismo de Estado.
Además, se pondera la sentencia del empresario dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, por la privación ilegítima de la libertad y las torturas padecidas por el entonces delegado gremial Víctor Manuel Cobos; las condenas por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor y los avances en la investigación de violencia sexual en los centros clandestinos de detención.
De un total de 585 expedientes que se sustancian desde 2006, “el 47% (277) todavía se encuentra en etapa de instrucción; el 30% (173) obtuvo sentencia, de las cuales, 87 se encuentran aún en instancia de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 20% (119) se encuentran elevadas a juicio, aunque sólo seis tienen fijada fecha de inicio del debate”, detalló la investigación.
De esta forma, de 1141 imputados (41%) atraviesan el proceso judicial libres; 1052 (38%) se encuentran detenidos; mientras que 533 (19%) fallecieron, y 45 (2%) permanecen prófugos.
Asimismo, se informó que “el 29% (806) de los acusados se encuentra procesado; el 26% (733) fue condenado; el 17% (462) falleció antes de ser sentenciado; el 15% (408) está imputado; al 6% (155) se le dictó la falta de mérito; el 3% (78) resultó absuelto; el 2% (52) fue sobreseído; hay 30 personas (1%) que fueron recientemente indagadas, y otras tres que fueron declaradas incapaces”.
(Fuente: Télam.)
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