Juez federal ordenó suspensión, pero igual se hará la Audiencia

A pedido de la Fundación ambientalista “Banco de Bosques” la juez Marra Giménez ordenó suspender la audiencia pública convocada para hoy en Puerto Santa Cruz hasta tanto se concrete el proceso de la ley 23.879 ordenado por la Corte Suprema. Pero desde la Secretaría de Ambiente de la provincia advirtieron que ellos no fueron notificados y por lo tanto la Audiencia sigue en pie.

Sin contemplar que los análisis provinciales y nacionales están corriendo por procesos paralelos, la Fundación Banco de Bosques se presentó con un recurso ante la Justicia Federal pidiendo una medida cautelar para suspender la audiencia pública convocada en Santa Cruz, al tiempo que pide se declare inconstitucional la ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental que rige en territorio provincial.
La Audiencia está convocada para hoy por la mañana en el auditorio municipal de Puerto Santa Cruz y hay 45 oradores inscriptos.
Si bien en el sitio oficial del CIJ ayer se publicó el fallo de la juez federal Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, ordenando la suspensión de la Audiencia Pública, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, se aclaró que la provincia no fue notificada de esto y por lo tanto no suspenderán la convocatoria realizada.
Aunque aclararon que “sin perjuicio de ello y más allá de las interpretaciones que puedan realizarse, por expresa indicación de la gobernadora y en la búsqueda de aquellos consensos sociales que permitan desarrollar a Santa Cruz, se acatará el fallo ni bien sea notificada la provincia, con el único interés de asegurar el futuro de los santacruceños en el marco de la legalidad y el respeto por las instituciones”.

El planteo
La Fundación Banco de Bosques reclamó además de la suspensión del acto público, también que se declare inconstitucional la ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Santa Cruz (Ley 2.658), “en parte porque el plazo de quince días que fija la norma es insuficiente para garantizar de manera eficaz el derecho a opinar de la ciudadanía”.
En sus fundamentos, la juez Marra Giménez reconoce que el propio Estado Nacional puso en cabeza de la Provincia “la responsabilidad de tramitar evaluaciones y aprobaciones técnicas, hidráulicas y ambientales y que correspondía la aplicación de la ley 2.658 y su decreto reglamentario 7/2006” a través de convenio firmado el 20 de abril del 2012. Pero advierte que la propia Corte Suprema ordenó que para la obra de las Represas se debía seguir el procedimiento de evaluación signado por las normativas nacionales (Ley 23.879).
Para la magistrada “el accionar de la provincia de Santa Cruz, a través de la convocatoria de la audiencia pública”, “no se compadece con las prescripciones de la normativa aplicable en la especie ni en los términos en que ha sido contextualizada la medida ordenada por la CSJ”. Razón por la cual la Dra. Marra Giménez ordenó suspender dicha audiencia “hasta tanto se implemente por parte del Estado Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública”.

Sin fecha
Como se recordará, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de la obra principal de las represas sobre el río Santa Cruz hasta tanto el Estado Nacional no haga un nuevo estudio de impacto ambiental referido a la modificación del proyecto original de la obra. Además debe convocar a una Audiencia Pública a realizarse en el Congreso Nacional, que todavía no tiene fecha ni se lanzó convocatoria.
Los estudios ya fueron finalizados, ayer se dio a conocer la aprobación tanto del Ministerio de Energía como del de Ambiente del informe preliminar sobre el EIA, el que luego deberá ser puesto a consideración de la ciudadanía a través de la Audiencia en el Congreso, la que se estima no se concretará hasta finales del mes de mayo.
Razón por la cual para la juez federal, “primero” debe realizarse la convocatoria nacional para luego dar paso, si así lo desea Santa Cruz, a la convocatoria provincial, pero no al revés.
En su fallo, la juez Macarena Marra Giménez no se expresó sobre el planteo de inconstitucionalidad sobre la normativa provincial formulado por la Fundación Banco de Bosques.

(Fuente: La Opinión Austral.)