Caso de trata: Reiteraron el pedido de indagatoria de ex funcionario municipal

El requerimiento fue efectuado por el fiscal federal Gonzalo Miranda. Se trata de Juan Carlos Ibáñez, acusado de colaborar en la captación y traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en dos prostíbulos. Además, habría puesto en aviso de posibles controles al dueño de ambos locales, quien se encuentra procesado en el marco de la misma causa.

El fiscal federal Gonzalo Miranda reiteró el pedido de indagatoria de Juan Carlos Ibáñez y de Melisa Aylén Almada, involucrados en un caso de trata de personas. El hombre es un ex empleado de la Municipalidad que habría colaborado en la captación y traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en dos prostíbulos denominados “Bar Pool Juan” y “El Manantial”. Además, está acusado de advertirle al dueño por posibles controles en los locales.
Para la Fiscalía existen elementos para establecer la “conexión existente entre el dueño de los locales, Martín Viñas, e Ibáñez, atento a que éste último es quien internamente, además de preavisar sobre los controles públicos llevados a cabo por la Municipalidad de Río Gallegos, facilitaba la gestión de la tramitación de los permisos y/o habilitaciones de los locales”.
Asimismo, Ibáñez “cumplía un rol fundamental en la organización, ya que además de ser quien se encargaba de facilitar los trámites administrativos precitados era quien proveía de los pasajes para trasladar a las víctimas a esta ciudad”, concluye el dictamen del fiscal Miranda.
Los allanamientos fueron solicitados el 22 de enero de 2016 y luego de eso se realizó el primer pedido de indagatoria de Ibáñez y de los otros imputados. Sin embargo, el Tribunal no hizo lugar al pedido sobre el funcionario público y por eso ahora el fiscal volvió a pedir su indagatoria.
Por su parte, en junio de este año, el Juzgado Federal de Primera Instancia de esa ciudad procesó sin prisión preventiva a Martín Hernán Viña, el dueño de los prostíbulos denominados “Bar Pool Juan” y “El Manantial”. Además, ordenó trabar el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.

El caso
La investigación se originó a raíz de varias denuncias que luego se unificaron. En primer lugar, un parte informativo elaborado por la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas en donde se informó que en el “Bar Pool Juan” se estarían llevando a cabo conductas contrarias a la ley de trata y que se estarían trayendo mujeres desde las provincias de Santa Fe y Córdoba, con el fin de explotarlas sexualmente.
Por otro lado, luego de una llamada recibida a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate un denunciante anónimo relató que una joven oriunda de la ciudad de Santa Fe iba a trasladarse en un vuelo desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Río Gallegos. Cuando fue interrogada por los motivos, la joven se mostró muy nerviosa y la denunciante sospechó que podría tratarse de una víctima de trata de personas. Luego, en octubre de 2016, se le recibió declaración testimonial a la joven y ahí admitió que se había trasladado con el fin de “trabajar con Martín Viña” en un local nocturno, y que el hombre se había hecho cargo de su traslado.
A raíz de las tareas investigativas llevadas adelante, se pudo saber que el acusado ya contaba con la denuncia de otra mujer que había detallado que había sido víctima de explotación sexual en un local denominado “El Manantial”, ubicado también en la ciudad de Río Gallegos, donde había estado cautiva junto a otras seis mujeres. Agregó que el acusado les había pagado el pasaje, las había trasladado a un departamento donde las habría tenido encerradas durante todo el día y por la noche las trasladaba en camioneta al boliche.
Una vez que todas estas denuncias fueron unificadas, el Tribunal dispuso las órdenes de allanamiento en ambos locales nocturnos y en la vivienda de los dos acusados, Ibáñez y Viña.
Como resultado de los procedimientos realizados el 24 de enero de 2016, fueron rescatadas seis mujeres de “El Manantial” y otras tres de “Bar Pool Juan”.
A partir de las declaraciones de las víctimas, el Tribunal consideró que se encuentra acreditado que Viña contactaba y captaba a sus víctimas, en su mayoría oriundas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, las trasladaba y las recibía en una casa que alquilaba a esos fines para, finalmente, explotarlas sexualmente en los dos bares que eran de su propiedad. Para eso, contaba con la colaboración de su esposa, Melisa Aylén Almada, y con la cooperación de un funcionario municipal (Ibáñez), que lo ayudaba al momento de la captación de mujeres. Asimismo, lo advertía de futuros controles e inspecciones en los locales para que “haga desaparecer a las mujeres y las vuelva a llevar al local una vez finalizado el mismo”, publicó el sitio Fiscales.gob.ar.
Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que Ibáñez se desempeñó en la Dirección de Comercio como jefe de inspectores hasta diciembre de 2009. Se encontraba jubilado cuando asumió ese cargo aparentemente “Ad honorem”. Además que el bar “El Manantial” que estaba ubicado en calle Ameghino primera cuadra ya no existe y que sólo quedó el cartel del “Bar Pool Juan” que funcionaba en Alfonsín y Perito Moreno, ambos clausurados tras el operativo de enero de 2016.
Además se inspeccionaron dos viviendas situadas en las calles Lavalle al 800 y Mansilla Yáñez al 1900. También se requisaron dos vehículos, un Fiat Uno y un Chevrolet Aveo.

Red de trata de personas
En otro caso, el fiscal federal Gonzalo Miranda solicitó en junio pasado el llamado a indagatoria de cuatro personas acusadas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Río Gallegos y en el paraje La Esperanza. Entre los imputados hay un ex comisario.
La banda se dedicaría a explotar sexualmente a mujeres en un reconocido prostíbulo llamado “Verónica”, ubicado en la zona denominada “Las Casitas”. Allí funcionaba una veintena de locales nocturnos que se encontraban ubicados uno al lado del otro a lo largo de dos manzanas. Todos fueron allanados en septiembre de 2009 y entonces fueron rescatadas 111 mujeres.
En el caso interviene el fiscal federal Gonzalo Miranda, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
Existen dos causas que se tramitaron por separado y que recién este año, por orden de la Justicia Federal de Río Gallegos, se anexaron.
Por un lado, en mayo de 2009 una mujer denunció en la Protex (que en ese momento era la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, UFASE) la muerte de su hija, presuntamente involucrada en un caso de trata de personas. La denunciante detalló que su hija habría viajado desde la ciudad de Córdoba a la ciudad de Río Gallegos, donde apareció muerta en septiembre de 2008. Como consecuencia, comenzó allí una investigación preliminar.
A raíz de las pruebas acumuladas, Protex sostuvo la hipótesis de que la joven oriunda de la provincia de Córdoba viajó con el fin de ser explotada sexualmente en un reconocido prostíbulo llamado “Verónica”. De esta manera, la mujer lograría saldar una “deuda” que mantenía con un hombre llamado “Fabián”, cuyo paradero aún se desconoce y quien, a través de amenazas, la habría hecho viajar.
Una vez que la joven arribó a Río Gallegos, el 4 de septiembre de 2008, fue recibida por tres personas y se alojó en el domicilio donde históricamente residían otras mujeres que luego serían explotadas sexualmente en el boliche “Verónica”. Al día siguiente, partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en una obra en construcción donde se habría alojado un presunto “cliente” del famoso prostíbulo. Horas después el homicida fue detenido cuando trataba de deshacerse del cadáver. Finalmente se suicidó en la Comisaría Primera donde permanecía alojado.
Como consecuencia, en 2011 Protex envió la causa a la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien solicitó una serie de medidas tendientes a profundizar la investigación, entre ellas, las indagatorias de tres de los ahora imputados.
Sin embargo, el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba se declaró incompetente y la causa fue enviada a la Justicia Federal de Jujuy. Una vez allí, se trabó una contienda de competencia y volvió a ser enviada a la provincia de Córdoba, donde el Juzgado volvió a declararse incompetente. Como consecuencia fue enviada a la Justicia Federal de esta ciudad capital, consignó el sitio Fiscales.gob.

La Esperanza y ex comisario
involucrado
Paralelamente, en 2011 se inició la causa más grande a raíz de una denuncia preliminar realizada por la Protex que daba cuenta de la existencia de varios prostíbulos en la zona del paraje La Esperanza. Es a raíz de esta investigación que se identificó al cuarto imputado del caso, un ex comisario que sería el encargado del otro domicilio privado donde se alojaría a las mujeres que luego serían explotadas en el prostíbulo “Verónica”. Finalmente, por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos, se anexaron ambas causas y, como consecuencia, el fiscal Miranda solicitó la indagatoria de las cuatro personas.
Dos de los acusados serían los dueños de ambas propiedades. El tercero cumpliría las funciones de encargado del local nocturno y el ex comisario Horacio Herrera sería el encargado de recibir a las mujeres en el otro domicilio y asignarles habitaciones.

Escalofriante crimen
Un hombre mató a una mujer, la descuartizó y quemó partes del cuerpo en la primera semana de septiembre de 2008. En la huída perdió algunos miembros que llevaba en una bolsa, que fueron encontrados por unos jóvenes en la vereda de una sucursal del supermercado La Anónima del barrio Belgrano.
El fuego alertó a los Bomberos y el presunto asesino intentó huir, pero en la fuga fue atrapado por la Policía. Se trata del más espeluznante caso policial ocurrido hasta ese momento en esta ciudad capital.
El sujeto era Lucas Guaymas, un sereno y albañil de 25 años, oriundo de Salta, que vivía en un complejo de departamentos en construcción ubicado en calle Don Bosco –entre Posadas y Cepeda- donde finalmente mató a la mujer identificada como Elizabeth Davies de 27 años. Guaymas apareció ahorcado en su celda de la Comisaría Primera horas después de ser arrestado por el crimen.

Comisario y juez complicados
En tanto que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación continúa tomando declaraciones testimoniales en el Expte. Nº 69/2015 caratulado “Colombo Marcelo (fiscal de la Proc. de Trata y Explotación de Personas) sobre actuación Dr. Reynaldi Mario”.
El organismo en la investigación hacia el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz.
El magistrado fue denunciado por el fiscal Marcelo Colombo por un supuesto encubrimiento a un policía que manejaba una red de trata que prostituía mujeres en la zona de Río Gallegos y La Esperanza.
La denuncia se enfoca en una serie de escuchas telefónicas entre el juez y el comisario Horacio Herrera, cuyo teléfono estaba intervenido ante la sospecha de su supuesto vínculo con la explotación sexual de mujeres.
El comisario Herrera llamó en julio de 2012 al juez Reynaldi. Con un trato de mucha confianza, el policía le pidió primero un contacto en la Aduana, que el magistrado brindó con nombre y apellido. Después, el juez le pidió un favor para un “amigo” con sus “chicas”.
El fiscal Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, entendió que este diálogo revela, por lo menos, que Reynaldi conocía sobre la supuesta actividad ilícita de Herrera, pero en ningún momento se presentó ante la Justicia para denunciarlo.
Continúan las audiencias testimoniales, a las que asistieron el juez Jorge Eduardo Chávez, y las doctoras Griselda Arizmendi y Ana Cecilia Alvarez.

(Fuente: La Opinión Austral.)