Fuentes del Ministerio de Educación indicaron que la continuidad del paro en Santa Cruz no otorga “el clima necesario” para avanzar en una negociación conjunta entre ADOSAC, AMET y el CPE. “Lo que se esperaba no era una aceptación plena y definitiva de la propuesta salarial que sostenía el Gobierno Nacional, se buscó retomar el camino de la negociación y racionalidad”, precisaron a este diario desde la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro.
Hasta el cierre de esta edición, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) esperaban la citación para concretar en Buenos Aires la mesa de trabajo ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Ministerio de Educación de la Nación, para buscar una salida al conflicto en Santa Cruz que ha dejado a miles de alumnos sin acceder a uno de sus derechos básicos: la educación.
Pero la convocatoria no llegó y ahora habrá que aguardar cómo continúa este ciclo lectivo, que ya lleva más de cien días de clase perdidos por la disputa salarial y condiciones laborales.
Nación
Desde el Ministerio de Educación señalaron a La Opinión Austral que el encuentro “estaba pensado para concretarse en otro contexto, es decir, con los alumnos en el aula. Lo que se esperaba no era una aceptación plena y definitiva de la propuesta salarial que sostenía el Gobierno Nacional, sino que se buscó retomar el camino de la negociación y racionalidad, pero quedó inhabilitado con el lanzamiento de una medida de fuerza de 120 horas”, explicó el vocero del actual ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, a este medio.
Luego expusieron que “esa medida termina con el clima necesario para la reunión y el diálogo que impulsamos”.
Al ser indagado sobre el levantamiento del paro de AMET, desde aquella cartera educativa precisaron que es un “gesto que se valora, pero debe comprenderse que tiene efectos en la educación técnica, tratándose de 10 escuelas en toda la provincia”, concluyeron.
ADOSAC
Por su parte, ADOSAC lanzó un video desde su plataforma de redes sociales dando cuenta de por qué decidió darle continuidad a la huelga.
Allí se señala que “desde marzo, hay unas 18 mil horas cátedra sin cubrir, se trata de un equivalente a 100 mil puestos de trabajo y ello significa un ahorro al Gobierno Provincial de unos 84 millones de pesos acumulados hasta la fecha”.
“A esos despidos encubiertos se suman los cierres de secciones en jardines y escuelas. Esto equivale a un millón de pesos por mes, haciendo un total de 9 millones de pesos mensuales” que el Gobierno ha dejado de invertir en la educación pública, de acuerdo a lo indicado por la entidad gremial.
“Por la Ley de Financiamiento Educativo ingresaron a la provincia unos tres millones de pesos diarios para infraestructura escolar, mejora salarial, entre otros. A la fecha, hay más de 400 millones de pesos que no fueron invertidos debidamente. Así, Provincia subsidia escuelas privadas con fondos de la educación pública”, dijeron y señalaron que hasta el momento se desviaron más de 50 millones”.
Más adelante, sostienen que existe un total de “713 millones de pesos que no sabemos en qué se destina ese dinero, por ello pedimos que se abran todas las cuentas de la provincia para que la sociedad controle el presupuesto educativo”.
Por último, ayer la juez Viñuales de El Calafate ordenó que las entidades gremiales docentes deben “garantizar el servicio educativo suspendiendo inmediatamente las medidas de fuerza”.
(Fuente: La Opinión Austral.)
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