Represas: La Corte aA?n no se pronuncia y las ambientalistas presionan

A contramano del optimismo que tenAi??a el Gobierno Nacional, los jueces de la Corte aA?n no decidieron si levantarA?n o no la medida cautelar que pesa sobre el inicio de las obras fundamentales de las represas sobre el rAi??o Santa Cruz. El tiempo que pasa es aprovechado por las asociaciones ambientales, quienes siguen presionando para mantener el freno a las obras.

Mientras los jueces de la Corte Suprema de Justicia aA?n mantienen en estudio la documentaciA?n que elevA? el Gobierno Nacional, luego de que se cumpliera con la Audiencia PA?blica en el marco de la Ley Nacional de Recursos HAi??dricos y en una resoluciA?n conjunta de los ministerios de EnergAi??a y Ambiente se aprobara el complejo hidroelAi??ctrico sobre el rAi??o Santa Cruz, las asociaciones ambientalistas siguen presionando para evitar un fallo favorable al Gobierno. Cuestionan la validez del proceso y advierten por el impacto irreversible en el ambiente.

Desde el Gobierno rechazan los planteos y afirman que se hizo todo lo que habAi??a que hacer, mostrA?ndose optimistas con lograr el levantamiento de la medida cautelar. Cabe seAi??alar que se pensA? que el mismo estarAi??a para mediados de este mes, pero aA?n no hay pronunciamiento alguno.

El reloj corre y no precisamente a favor del Gobierno, ya que, a su vez, las presiones del Gobierno chino se mantienen, toda vez que el compromiso de inversiA?n es de US$ 4.500 millones y al menos el 10% ya fue transferido a la UTE en su momento.

Cabe recordar que la resoluciA?n conjunta de los ministerios nacionales de EnergAi??a y Ambiente, que aprobA? las obras para los ai???aprovechamientos hidroelAi??ctricos del rAi??o Santa Cruzai??? (represas Presidente Dr. NAi??stor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adoptaran las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pA?blica de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasaron Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.

ai???La ResoluciA?n Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento, con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y asAi?? avanzar con la etapa de obras principalesai???, enmarcaron.

En su momento, amplAi??a HAi??ctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, la AsociaciA?n Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la FundaciA?n Banco de Bosques habAi??an promovido acciones contra el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisiA?n en la realizaciA?n de los estudios de impacto ambiental (EIA).

ai???En atenciA?n a la medida cautelar, el Estado Nacional elaborA? los estudios ambientales. (En cuanto a) la Audiencia PA?blica, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptosai???, agrega, ratificando que se dio cumplimiento a todo lo que pidiA? la Corte y aspiran a que ahora, la medida cautelar sea revocada.

 

Las crAi??ticas

Pero desde las asociaciones ambientalistas que buscan sepultar el proyecto no se dan por vencidos. Cristian FernA?ndez, asesor legal de la CoaliciA?n RAi??o Santa Cruz Sin Represas y parte del estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resoluciA?n, ai???los ministerios de EnergAi??a y Ambiente han decidido desoAi??r lo expuesto en la audiencia pA?blicaai???, afirmando que en ese A?mbito ai???la sociedad civil se pronunciA? con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyectoai???, refiriAi??ndose a los argumentos por ellos mismos planteados.

Agrega que la Ley General del Ambiente establece que si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pA?blica no son vinculantes, el Estado tiene la obligaciA?n de publicar las crAi??ticas y brindar una respuesta fundada, asegurando que eso no se hizo.

Por su lado, el director Ejecutivo de FundaciA?n Ambiente y Recursos Naturales (FARN), AndrAi??s NA?poli, enfatiza que la resoluciA?n ai???de manera alguna implica dar la autorizaciA?n directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrA? que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenA? detener la construcciA?n de las represas) o se debe seguir sosteniendo la mismaai???.

 

El EIA

ai???El Gobierno Nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energAi??tica argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas, tanto nacionales como chinas, listas para comenzar a trabajarai???, dice Tavarone. ai???Las adaptaciones tAi??cnicas realizadas al proyecto inicial (modificaciA?n en cantidad de turbinas y conexiA?n al Sistema Argentino de InterconexiA?n, SADI, principalmente) demuestran el enorme interAi??s por llevar adelante estas obrasai???, agrega.

Para Pozo Gowland, con el dictado de la ResoluciA?n Conjunta 3-E/2017, mA?s la declaraciA?n de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, ai???deberAi??an tenerse por cumplidos todos los trA?mites necesarios para continuar con las obrasai???.

Pero FernA?ndez disiente. ai???El EIA fue concebido como un mero obstA?culo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un anA?lisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisionesai???, denuncia.

AfirmA? que no hay evaluaciA?n ambiental sobre el impacto del tendido elAi??ctrico de alta tensiA?n en relaciA?n a las aves migratorias ni el anA?lisis de alternativas de proyectos, enumerA?.

AgregA? que tampoco se analizA? el proceso de ai???sismicidad inducidaai???, no se completaron las tareas de rescate arqueolA?gico, no se efectuA? la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climA?tico, aAi??ade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo PatagA?nico Sur, hecho que encendiA? el alerta en la comunidad glaciolA?gica internacional, sostuvo, siguiendo con un detalle de todo lo que considera no se cumpliA?.

La Corte Suprema habAi??a ordenado la paralizaciA?n de la obra y una revisiA?n integral del EIA, lo que incluAi??a la realizaciA?n de una audiencia pA?blica. ai???Si bien ambas cuestiones fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de EnergAi??a, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista tAi??cnico y estA? hecho a medida para que se logre la aprobaciA?n del proyectoai???, acusA? NA?poli.

Pero en respuesta, Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, seAi??ala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resoluciA?n conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la Audiencia PA?blica por quienes apoyaron el proyecto y no por los que se pronunciaron en contra, que segA?n aseguran las ambientalistas, fueron mayorAi??a. ai???Una audiencia pA?blica no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideraciA?n. No hay votaciA?n ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias pA?blicas no son ni podrAi??an ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobarA?, desecharA? o modificarA? el proyecto en cuestiA?nai???, redondeA?.

(Fuente: La OpiniA?n Austral.)