La Cámara Alta decidirá este miércoles si la iniciativa de la oposición para moderar el aumento tarifario, volviendo a los valores de noviembre del año pasado, y que ya fue aprobado por Diputados, se convierte en ley o respalda la propuesta del oficialismo y de algunos senadores peronistas, de bajar a la mitad el IVA para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua.
El dictamen de mayoría, firmado por el justicialismo y el Frente para la Victoria tras el último plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, pretende darle el último empujón al expediente que propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1° de noviembre de 2017, estableciéndose que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.
El costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Energía de la Nación, ascendería a casi 80.000 millones de pesos (compartido entre provincias y Nación), sólo durante 2018.
Ese número aumentaría a casi 90.000 millones de pesos en 2019.
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