La Federación del Agro santacruceño le explicó por qué no quiere mataderos rurales

La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) sostiene que hay otras alternativas para mejorar la situación de la cadena de la carne.

Fue en una reunión en el Consejo Agrario, donde analizaron la iniciativa de mataderos rurales pero marcaron una agenda con otros temas realmente prioritarios.

El Gobierno de Santa Cruz y los representantes del agro analizaron avances y requerimientos para aumentar la producción ganadera. El encuentro con las autoridades del Consejo Agrario Provincial y con el Ministerio de Econoia y Finanzas Publicas, se dio luego de que la FIAS fuese recibida por la Gobernadora Alicia Kirchner.

De la reunión en el CAPS participaron su titular, Javier De Urquiza y el vocal por el Ejecutivo, Tito Nelly, el ministro Ignacio Perincioli y el de Producción, Leonardo Alvarez, junto al presidente de la federación, Miguel O’byrne, Marcos Williams, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Rio Gallegos, Juan Ibañez, y los responsables de frigoríficos locales.

Fue en esa ocasión que la FIAS manifestó preocupación ante la propuesta que impulsa un sector de la dirigencia gremial, para favorecer la apertura de mataderos rurales, como estrategia para abaratar el precio de la carne al público, un objetivo que fue categóricamente desmentido por los productores.

En este sentido, coincidieron con las autoridades del Gobierno de santa Cruz en los resultados del informe sobre la Actividad Ganadera-Industrial con proyección hasta 2030, que ubica a la actividad ovina en recuperación, a la bobina en aumento, analizando la infraestructura, las inversiones que hacen falta y, capítulo aparte, los precios de la lana y de la carne.

Los mataderos rurales no cumplen con los requisitos sanitarios, ni de control ni fiscales, no bajan los precios al consumidor y las experiencias demuestran claramente que son focos de evasión impositiva, de faena clandestina y robo de hacienda.

El documento elaborado en base a datos estadísticos recabados a los productores santacruceños estableció que este año, según una población de 350 mil santacruceños, consumimos cada uno un promedio de 55 kilos de carne por año. Para finales de 2018, se habrán faenado en la Provincia, unos 7000 novillos locales, 13000 importados y 1000 vacas.

EL PRECIO DE A CARNE

Por ejemplo, la cadena de precios del cordero -según datos de enero a mayo de este año- dice que el productor vendió su materia prima a $88 y obtuvo una ganancia del 50%, a su vez el frigorífico le vendió esa carne de cordero al supermercado o carnicero a $125 por kilo, es decir que le aplicó un 22% de ganancia, y finalmente, el local comercial le puso un precio de venta al público de $166 el kilo de cordero, por lo tanto, su margen de ganancia fue del 25% y no más como podría suponerse.

Por eso, los productores nucleados en la federación explicaron que hay otras salidas para abordar la problemática, y sugirieron aumentar la producción, que haya más animales y más kilos por animal, prolongar el periodo de faena para ocupar más mano de obra y aumentar la oferta. También plantearon la implementación de mecanismo para hacer servicios de faena a terceros, e incluso hablaron de compras mayoristas con un esquema de entregas para abaratar costos.

En cualquier caso, el tema de los mataderos rurales fue el disparador para el análisis conjunto de aspectos que hacen a la mejora de la producción y la industria, lo que constituye el real interés del sector, que además se mostró atento al próximo llamado a licitación para la instalación de la planta de acopio de balanceados y granos en Punta Quilla, además de dar su mirada sobre el Plan de Manejo del Guanaco, las medidas necesarias para poder mejorar las comunicaciones en el campo, la ingeniería necesaria para la instalación de gas a precios convenientes, entre otros temas de agenda para el campo santacruceño.

Por otro lado, durante la reunión con autoridades provinciales, los productores pusieron sobre la mesa la situación de los ribereños afectados por las expropiaciones que fueron necesarias para la ejecución de las represas sobre el río Santa Cruz, así como las circunstancias de aquellos que se podrían verse afectados con el proyecto de ampliación del Parque Nacional Patagonia y que actualmente están siendo presionados por las ONG para que se desprendan de sus tierras.