El órgano de gobierno sesionará jueves y viernes en la Unidad Académica San Julián. En lo que va del años, la universidad recibió solo transferencias para cubrir un mes y medio de gasto de funcionamiento.
Ante la compleja situación económica y presupuestaria que atraviesan distintas instituciones universitarias del país, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral buscará consensuar una declaración en la sesión de Consejo Superior, que se llevará a cabo los días jueves y viernes en la Unidad Académica San Julián, con el objetivo de hacer visible ante la sociedad esta problemática y exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus responsabilidades referentes a la Educación Superior.
El proyecto de declaración comenzará a esbozarse mañana miércoles en el seno de la Comisión Permanente de Reglamentaciones – que reúne antes de cada sesión a las máximas autoridades unipersonales de Rectorado y de las cuatro unidades académicas- y será puesto el jueves a disposición del plenario para terminar de definir el contenido del documento.
Así lo adelantó hoy el rector de la Universidad, Ing. Hugo Rojas, en declaraciones realizadas a FM UNPA durante una entrevista en la que manifestó que esta casa de altos estudios está también “extremando todos los recursos en lo que hace a la gestión institucional, tanto los decanos como desde Rectorado y los órganos de gobierno colectivos, para asegurar el funcionamiento y la plena operatividad de la institución”.
“Por eso la expectativa es visibilizar el tema, que la sociedad conozca la situación que atraviesan las universidades, porque esto está pasando en todo el país y todas las universidades se están expresando de la misma manera”, Acotó Rojas, al tiempo que consideró que el documento deberá también “imponer las demandas al Gobierno para cumplir y hacer efectiva su responsabilidad sobre la Educación Superior y garantizar una universidad pública, irrestricta y gratuita en Santa Cruz”.
La propuesta será puesta a consideración en el inicio de la sesión del Consejo Superior – según adelantó el Rector- para que “durante la jornada del jueves ya el cuerpo adopte una decisión sobre este tema y al finalizar el día podamos concretar una conferencia de prensa en la que los distintos claustros, asociaciones sindicales, centros de estudiantes y autoridades podamos exponer la situación ante las comunidad”.
Inflación, tarifas y salarios
Durante la entrevista, realizada en el programa ‘La Mañana de la UNPA’ , Rojas detalló las problemáticas que atraviesa el sistema universitario y mencionó en primer lugar la subejecución presupuestaria. “Durante los primeros seis meses del año, es decir al finalizar el 30 de junio, la Universidad solamente había recibido transferencia para cubrir gastos en funcionamiento de un mes y medio, y esto ha obligado a la universidad a reprogramar las actividades del año”, graficó.
Por otra parte, indicó que “también la lentitud con la que se han realizado la transferencia ha impactado, en un contexto inflacionario que al transcurrir julio ya lleva el 19,6 por ciento, lo que nos ha afectado sensiblemente en el poder adquisitivo para los elementos de consumo, sumado al impacto que ha tenido el incremento de las tarifas, de los servicios y de los combustibles”.
Entre los temas que afectan el normal funcionamiento de las universidades el Rector de la UNPA incluyó la falta de un acuerdo salarial con el sector docente y cuestionó que “el gobierno insiste con un 15 por ciento que ha quedado completamente desactualizado y desajustado respecto a las proyecciones inflacionarias que hay para este año”, lo que “pone en serio riesgo las actividades académicas para esta segunda parte del año”.
“Sobre esto particularmente debemos expresar que todas las universidades nucledas en el CIN han expresado que acompañan la demanda de los colectivos docentes y no docentes, respecto a lograr una pauta salarial que compense el deterioro del poder adquisitivo de los salarios”, agregó.
Por último, Rojas hizo referencia a la situación especial que enfrentan en este contexto las universidades patagónicas, con “modelos organizacionales que contemplan la dispersión geográfica de sus sedes con el fin de universalizar la educación superior” y cuestionó tanto la determinación del gobierno de quitar la zona diferencial para las asignaciones familiares – medida que luego fue suspendida- como las “hipótesis que se están manejando respecto de quitar de la zona desfavorable para los trabajadores activos y pasivos en la zona patagónica”.
Sostuvo que todas esta medidas están relacionadas con las dificultades que atraviesa el país, pero también consideró que “es el modelo”, en el que “se concibe a la Universidad como un privilegio”, cuando “la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, celebrada en junio en la Universidad Nacional de Córdoba, reafirmó que la educación superior, lejos de ser un privilegio, es un derecho universal y humano y que es responsabilidad de los Estados .
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