Así se expresó en la Sesión Ordinaria, a partir de lo planteado por el diputado Oscar Lemes. Sostiene que la paralización de las obras, lesionaría la salida laboral de 1.500 personas que hoy están afectadas a la obra. Piden al Gobierno Nacional que implemente las medidas necesarias para garantizar su continuidad.
El diputado por el Pueblo de Puerto Santa Cruz, Oscar Lemes, impulsó este jueves la sanción de una Resolución mediante la que la Legislatura santacruceña expresa “su más profunda preocupación por la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional respecto de la continuidad de las obras para la construcción y puesta en marcha de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa”.
Trayendo a colación una Resolución sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, el diputado del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, argumenta que “ante la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, por desacertadas políticas económicas implementadas por el gobierno nacional, que sin pretensión de revertir esta crisis, intentan ocultarla distrayendo a nuestra sociedad con atropellos judiciales por causas armadas que conjuntamente con los medios de comunicación, no hacen más que profundizar la grieta y la inseguridad en todos los ciudadanos argentinos”.
Además, acompañado por los legisladores de esa bancada mayoritaria Matías Bezi, Darío Menna y José Bodlovic, agregó que “hoy volvemos a ser rehenes del Gobierno de turno, viendo en peligro la oportunidad laboral que anhelan muchas familias en nuestra Localidad y de la región, por la posible y latente paralización en la continuidad de la construcción de las Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa debido a la detención del Ingeniero Gerardo Luis Ferreira, vicepresidente de Electroingeniería”.
Esta situación “nos remonta a una historia pasada que data de finales del año 2015 e inicios del 2016 cuando el Gobierno Nacional ordenó frenar la continuidad en su construcción por cuanto pretendía encuadrar esta obra hidroeléctrica dentro de la ley con la audiencia pública y el estudio impacto ambiental, siendo que se habían cumplimentado con todos los pasos legales contemplados a nivel nacional y provincial para ejecutarla”.
Es por ello que solicitaron al “Poder Ejecutivo Nacional que implemente las medidas que resulten necesarias para asegurar la continuidad de las obras de construcción de las represas”, dado que con su paralización “lesionaría de manera directa a 1500 trabajadores que hoy ya se encuentran incorporados y sus familias cuyos ingresos para solventar la canasta básica provienen del trabajo que desempeñan en esta obra”.
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