Respondiendo a directivas del Juzgado Federal de Caleta Olivia, el viernes fueron allanadas las oficinas de un estudio jurídico ubicado en la planta baja de un edificio de la calle Almirante Brown. Se secuestró gran cantidad de documentación.
Si bien el caso está rodeado por un estricto hermetismo judicial y policial, El Patagónico pudo confirmar que de manera simultánea al allanamiento del estudio jurídico, se habrían realizado operativos similares en otro estudio jurídico, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en domicilio particular de Punta del Este, Uruguay, propiedad de un abogado.
De manera extraoficial, fuentes consultadas por este diario revelaron que un abogado, cuya identidad no trascendió, quien no tendría matrícula habilitada en Santa Cruz, pero sí en Buenos Aires, está acusado de decenas de casos vinculados a presuntas estafas a jubilados, que se venían registrando desde hace varios años.
Aparentemente el abogado se ocupaba de tramitar actualizaciones de ajustes de haberes a jubilados con demandas al Estado, pero luego de ganar un litigio se habría quedado en muchos casos con el 40 por ciento de los pagos que percibían sus clientes. En varios casos lo habría hecho inmediatamente después de que se retiraba el dinero en la ventanilla de una entidad bancaria.
De esta manera, según comentaron las fuentes consultadas, no respetaba una norma legal que establece que, en este tipo de casos, el patrocinante no puede percibir más del 20 % de la indemnización de un jubilado que fuera favorecido en un litigio, algo que también debería haber estado pactado a la hora de fijarse el acuerdo a través de lo que denomina Cuota Litis.
LLEVARON CAJAS CON DOCUMENTACION
No hay por el momento datos concretos de la cantidad de denuncias que pesan sobre el letrado, pero se estima que entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia sumaría alrededor de un centenar de afectados, incluyendo otras sobre tramitaciones de bienes inmuebles. A ello se sumarian otras denuncias radicadas en estados judiciales de Buenos Aires, por lo cual las investigaciones habrían motivado un cruce de informaciones y actuaciones conjuntas de varios juzgados.
En Caleta Olivia el operativo comenzó a media mañana del viernes y se extendió hasta las primeras horas de la tarde. La comisión de la Policía Federal bajó las persianas del estudio jurídico para cubrir los ventanales, para finalmente llevarse en un móvil patrullero varias cajas con documentación que será analizada por peritos especializados en temas contables y defraudaciones. (Fuente: El Patagónico)
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