Paro nacional docente

El Gobierno profundizó el ajuste e hizo imposible el normal inicio de las clases. Los maestros de todo el país paran dos días contra la baja de los salarios y la falta de inversión en las escuelas. El viernes, se suman a la huelga de las mujeres. Los tres niveles educativos marchan hoy en protesta a Plaza de Mayo.

Como en 2016 y 2017, el comienzo de las clases vuelve a quedar cruzado por un paro nacional docente en reclamo al gobierno de mejores sueldos e inversión educativa. La medida de fuerza es por tres días, ya que además de las 48 horas por los reclamos específicamente educativos, los sindicatos adhirieron también al paro de mujeres de este viernes 8 de marzo. La protesta está convocada para todos los niveles, del inicial al universitario, en lugares de enseñanza tanto estatales como privados.

En la Ciudad de Buenos Aires habrá una marcha a la Plaza de Mayo. Las columnas de Ctera (estatales), Sadop (privados) y Conadu (universitarios) se van a concentrar a partir de las 11 en el cruce de la Avenida 9 de Julio con Avenida de Mayo. Van a estar también Docentes Argentinos Confederados (DAC), junto con estudiantes y organizaciones sociales.

El escenario para el acto será montado sobre la plaza. Ahí van a hablar los titulares de Ctera, Sonia Alesso, María Lázzaro de Sadop y Carlos De Feo de Conadu. También los secundarios y universitarios tienen asignado un espacio para tomar la palabra.

La medida de fuerza es en reclamo por la paritaria federal. Este es tercer año que el gobierno se niega a llamar a ese espacio de negociación en el que los sindicatos discutían con el Estado nacional cuestiones clave como el piso del salario docente, los programas de capacitación, las condiciones edilicias de las escuelas, el auxilio a las provincias con menos recursos financieros, las medidas destinadas a evitar el fracaso y el abandono escolar y otras cuestiones esenciales para el funcionamiento del sistema educativo.

Como excusa para clausurar la paritaria –que en 2017 no fue convocada por el ministro Alejandro Finocchiaro y en 2018 el presidente Mauricio Macri eliminó por decreto–, el argumento fue que resultaba innecesaria. El Gobierno reglamentó, en su lugar, una actualización automática del salario inicial docente, que sube con cada aumento del salario mínimo, vital y móvil, sumándole un 20 por ciento más. Sin embargo, la insuficiencia de este mecanismo de gatillo ya no está en discusión. En los dos últimos dos años, según los informes del Instituto Marina Vilte, de Ctera, la suba de los precios de la Canasta Alimentaria acumuló un 84,2 por ciento mientras que la suba del salario inicial sólo del 40,2, menos de la mitad de la inflación.

Ese salario inicial –lo que gana un maestro que empieza a trabajar, por un cargo– es en este momento de 12.500 pesos. La semana pasada, frente al comienzo de las clases en conflicto, el ministro Finocchiaro anunció que a partir de marzo el piso será aumentado a 15.000 pesos, adelantando la cuota de aumento que estaba prevista para junio. Los sindicatos respondieron que con 15 mil pesos tampoco alcanzan vivir. No en momentos en que, según los datos oficiales, una familia tipo necesita más de 26.000 para no ser pobre.

En estos días otro informe advirtió que la mayoría de los salarios docentes no cubren una Canasta Alimentaria, y lo vinculó directamente a la eliminación de la paritaria nacional.

• El Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), analizó como quedaron, a diciembre de 2018 los salarios promedio (lo que cobra un maestro con diez años de antigüedad) comparados con la línea de pobreza. El resultado fue que en 17 de las 24 provincias el sueldo promedio había caído por debajo de la línea.
• El mismo análisis marcó que el año pasado la relación era la inversa: en 18 provincias los docentes tenían ingresos por encima de la línea de pobreza, mientras que por debajo había sólo seis.

De los 14 distritos del país, hasta ahora sólo seis llegaron a acuerdos  con sus gobernaciones, en las paritarias provinciales. Se trata de Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán; sin embargo, también en esas provincias el comienzo de las clases quedará afectado, porque el reclamo excede a los acuerdos provinciales: está centrado en la recuperación del ámbito de discusión con el estado nacional.

La paritaria federal había sido creada en 2006 y se reunió todos los años desde 2008 a 2016. Fue una instancia abierta en el marco de la Ley De Financiamiento Educativo, tras 20 años de lucha de los docentes agrupados la Ctera, la principal confederación docente del país, para que el Estado nacional reasumiera el compromiso de sostener la educación, después de los años de la dictadura y el menemismo en los que el sistema educativo fue traspasado desde la Nación a las provincias, pero sin los recursos para funcionar.

En ese ámbito de discusión los gremios discutían con el Estado nacional el piso del salario docente para todo el país y su aporte a dos fondos: el de Compensaciones Salariales –dinero de la Nación, destinado a las 7 provincias con menores recursos para que pudieran pagar ese piso–, y el de Incentivo Docente –también aportes del Estado nacional, que se reparten en forma igualitaria entre todos los docentes del país, para mejorar sus salarios–.

Los dos fondos fueron recortados en términos reales por Cambiemos desde que suspendió la paritaria. ¿En cuánto? El Instituto Marina Vilte (Ctera) sostiene que al Prespuesto 2019 le faltan 3972 millones más para el Fondo Compensador. A su vez, el Fondo de Incentivo docente quedó congelado desde junio de 2016.

En la medida en que el Estado nacional mira para otro lado, destinando  menos recursos al sostenimiento del sistema educativo, son las provincias en quien recae la carga. Esta lógica tiene como resultado previsible que cada una termina pagando los salarios que puede, lo que afecta la calidad de la educación.

En paralelo a los salarios va la falta de inversión en la construcción de escuelas y el mantenimiento de los edificios, que hacen a las condiciones de trabajo de los maestros y la seguridad de los alumnos. La explosión de gas en la escuela de Moreno, que provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, pusieron sobre la mesa, de la peor manera, sus consecuencias.

Los gremios vienen denunciando que Cambiemos impone la desinversión mediante un doble mecanismo: reduce los presupuestos enviados al Congreso y subejecuta los fondos aprobados. Ya a mediados de 2017 expusieron con la conclusión de un primer relevamiento que el presupuesto se estaba subejecutando; luego, en 2018 el gobierno presentó un presupuesto que disminuía partidas sensibles para la construcción de escuelas, la refacción de edificios escolares, refuerzo nutricional, de las partidas para a escuelas en contexto de encierro y de nivel inicial. El caso que lo ilustra cabalmente es la famosa promesa incumplida de la construcción de los 3 mil jardines de infantes, de los que se empezaron a construir muy pocos. Luego, el año pasado, se pararon las obras en la mayoría de las provincias donde se habían empezado, o las tuvieron que continuar los gobiernos provinciales.

La adhesión al paro internacional de mujeres de este viernes 8 es tanto de Ctera (estatales) como de Sadop (privados) y Conadu (universitarios). Según los datos de Sadop, el 81,2 por ciento de los que ejercen la docencia son mujeres. La mitad de ellas son, a su vez, cabezas de familia. Jefas de esos hogares que en estos dos últimos volvieron a quedar, como en los ‘90, por debajo de la línea de la pobreza.

(Fuente: Pagina 12.)