Representantes de las comunidades indígenas de Santa Cruz denuncian que la UTE que construye las represas sobre el río Santa Cruz y el Estado incumplen con varios puntos a los que están obligados para con ese sector.
Sergio Nahuelquir, longko del pueblo mapuche-tehuelche, reclamó que hace más de un año que existe una orden judicial que indicaba que en 20 días se tenía que confirmar una mesa de diálogo para coordinar la consulta que se debía realizar a representantes de pueblos originarios, lo que aún no se cumple.
En agosto del 2017 un recurso de amparo tuvo una resolución del juez federal de Río Gallegos, Aldo Suárez, convocando a la conformación de una mesa de diálogo en un plazo de veinte días, para realizar la consulta previa que establecen convenios internacionales a los que adhiere Argentina.
Otro incumplimiento que se denuncia es la participación de dos veedores de las comunidades en los trabajos que se realizan en los lugares sensibles.
Como parte de los estudios de impacto ambiental y de los trabajos, se han encontrado restos que pertenecieron a comunidades de pueblos originarios.
Los reclamos de incumplimientos se hicieron escuchar en la cuarta reunión que se realizó entre representantes de Pueblos Originarios, de la UTE, del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional.
Otro punto es que la UTE Represas Patagonia ofrece realizar proyectos en el marco de su “Programa de Gestión Ambiental”, un plan de mitigación por el impacto que causará la construcción de ambas represas.
Los representantes de pueblos originarios opinan que esos proyectos se pueden hacer, pero si el Estado y la UTE reconozcan que han incumplido con la consulta, que debió ser previa a empezar con los trabajos y que, de no haber mediado un fallo judicial, ni lo hubieran hecho.
“Si la voluntad del Estado es cumplir con la ley, que se resuelva el impedimento sostenido hasta ahora acerca de la entrada de los veedores de las comunidades de pueblos originarios a la obra, porque si no deben parar la obra”, dijo el representante del pueblo Tehuelche José Kopolke, en un informe publicado por el sitio http://www.laizquierdadiario.com
Las comunidades también reclamaron sobre la promoción que, según ellos, fue realizada por funcionarios del gobierno del “Museo del Sitio”, un lugar donde se pretende exhibir material removido del área que va a ser inundada por las represas y que cuya puesta en marcha tampoco fue consultada previamente con las comunidades, en violación del convenio 169 de la OIT. La denuncia acerca de esto fue sumada al expediente de la causa.
(Fuente: Ahora Calafate.)
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