Fue a partir de una iniciativa del diputado del FPV-PJ, Matías Mazú. El objeto es mantener vigente la disminución de la presión impositiva sobre las Pymes y comercios santacruceños. Sostuvo que “la crisis económica que continúa atravesando el país, afecta la competitividad y subsistencia del sector privado, y por ende, el mantenimiento de las fuentes de trabajo”.
El presidente del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista en la Legislatura Provincial, Matías Mazú, impulsó este jueves la sanción por unanimidad de una Ley que tiene como objeto prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2019 la Ley de Emergencia Comercial.
La misma, sancionada en agosto de 2017 y posteriormente extendida, busca disminuir “la presión impositiva en el ámbito provincial – así como su reciprocidad en el ámbito nacional y/o municipal- a partir de la crisis económica que continúa atravesando el país, que afecta la competitividad y subsistencia del sector privado, y por ende, el mantenimiento de las fuentes de trabajo”, sostuvo.
En la fundamentación del proyecto, que fue acompañado por los diputados Oscar Lemes, Myriam Alonso, Matías Bezi y Víctor Álvarez, se destacó que extiendo una vez más su vigencia, pequeños y medianos empresarios santacruceños podrán continuar gestionando diversos beneficios, como “líneas de financiamiento a tasa diferenciada para créditos futuros o vigentes ante entidades crediticias o financieras; exenciones y/o diferimientos de vencimientos en la presentación y pago de declaraciones juradas de tributos en el ámbito provincial; solicitar planes de facilidades de pago de impuestos y tasas municipales y provinciales; además de cualquier otro trámite que requiera la presentación del certificado de Emergencia Comercial, que emite la Secretaría de Estado de Comercio e Industria”.
Finalmente, el presidente de la bancada mayoritaria de la Legislatura Provincial recordó que “si bien la Provincia de Santa Cruz ha ido normalizando sus cuentas fiscales, y la liquidación de haberes del sector público dentro de los plazos legales se corrigieron – lo que impacta de manera directa en la reactivación del consumo – la caída de la obra pública nacional, la quita de los reembolsos patagónicos, el aumento sostenido de las tarifas de servicios públicos, la merma en el turismo como consecuencia de falta de políticas nacionales de promoción, y la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos ante el incesante crecimiento de la inflación, aún se entiende como necesaria la continuidad de esta Emergencia Comercial”.
(Fuente: La Opinión Austral.)
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