El capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia se abstuvo ayer de prestar declaración indagatoria ante la juez federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.
Tratándose del primero de los tres oficiales de la Armada Argentina que fueron imputados en la causa penal por la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan que causó la muerte de sus 44 tripulantes.
Sulia estaba citado para las 10 pero llegó una hora antes acompañado por otro marino de su mismo rango, de profesión abogado y perteneciente al Departamento de Asuntos Jurídicos de la fuerza naval, José Daniel Lorenzo, quien dijo a El Patagónico que traía consigo cierta documentación que fuera requerida por este juzgado.
El imputado había designado como patrocinante al defensor oficial Marcos González, residente en Comodoro Rivadavia y en la breve audiencia de ayer no asistió ninguno de los cinco abogados querellantes que representan a las familias de los submarinistas trágicamente fallecidos.
La razón de ello podría deberse a que solo podían presenciar la audiencia si tenían el consentimiento del imputado y su defensor, según explicó previamente a este medio la juez Yáñez, por lo cual se presume que los querellantes evaluaron anticipadamente que no contarían con ese aval y, sobre todo los que residen en Buenos Aires, optaron por no venir a Caleta Olivia.
Vale recordar que Sulia, de 40 años, era el jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; es decir el responsable de controlar el mantenimiento; provisión de repuestos; control de disponibilidad de chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad de la nave antes de iniciarse cada operativo o ejercicio naval, siendo uno de los que autorizó la zarpada del ARA San Juan hacia su última y fatídica misión, el 25 de octubre de 2017.
Los otros dos que firmaron similares órdenes fueron el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones y el capitán de navío Héctor Alonso, quien en aquella fecha era jefe del Estado Mayor, ambos de la Fuerza de Submarinos, quienes están citados a indagatoria para hoy y mañana, respectivamente.
Vale recordar que el 15 de noviembre se cumplirán dos años del luctuoso suceso que conmocionó al país y casi coincidentemente un año en que el S-42 del tipo TR 1.700 fue hallado implosionado a unos 500 kilómetros frente a las costas de Comodoro Rivadavia y a algo más de 900 metros de profundidad.
NO HAY PRECISIONES SOBRE EL DELITO QUE SE LE IMPUTA
En lo que respecta la faz informativa, a los medios locales y regionales desde el Juzgado Federal se continúa retaceando información ya que no se dieron precisiones del delito que se le imputó al oficial Jorge Sulia y solo se hizo saber, alrededor de las 16, que no había prestado declaración pero una hora antes esa información sugestivamente ya se había filtrado a medios informativos de Buenos Aires, incluso antes de que el imputado se retirara del edificio.
En ese contexto, enlazando algunos datos propios y otros aportados a ese mismo medio por profesionales de la abogacía, se presume que estaría acusado de un presunto incumplimiento de su función específica, pero su defensor no habría tenido tiempo suficiente para dar lectura a la abultada causa y le habría recomendado abstenerse de declarar, solicitando un lapso adicional para ello.
(Fuente: LVN.)
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