Comerciantes de Nueva York protestaron contra el cierre de locales

A bordo de automóviles y exhibiendo pancartas con leyendas tales como “Encierren a los criminales, no a los estadounidenses”, más de 200 personas reclamaron en el condado de Staten Island.

Steve Margarella, quien convocó la protesta y es dueño de un comercio de materiales para la construcción, calificó de “arbitraria” e “inconsistente” la decisión del gobernador, Andrew Cuomo, de extender las restricciones hasta el 28 de este mes.

Margarella advirtió en un comunicado que el plan Nueva York en Pausa, que Cuomo puso en marcha para contener la propagación del virus, tendrá un efecto “devastador” en la economía, según la agencia de noticias EFE.

De la manifestación participaron comerciantes de materiales de construcción, inmobiliarias, peluquerías y restaurantes, entre otros rubros que no son considerados esenciales por las autoridades.

El jueves pasado, dueños de peluquerías realizaron una protesta similar en el Bronx.

Estados Unidos es el país más castigado por la pandemia de coronavirus, con 1,47 millones de casos confirmados y 88.675 muertes por la enfermedad, según informaba esta noche la base de datos en línea de la Universidad Johns Hopkins.

El estado Nueva York es la región más afectada en el país y, dentro de él, la ciudad homónima.

Por otra parte, la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, dio anoche media sanción a un nuevo plan de rescate por tres billones de dólares para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus y a un cambio histórico que le permitirá, por primera vez en más de 230 años, celebrar votaciones y audiencias de manera remota mientras dure la emergencia sanitaria.

El plan de rescate, al que se opone el presidente republicano Donald Trump, quedó aprobado con 208 votos a favor y 199 en contra -14 de ellos demócratas-, aunque su futuro es dudoso ya que los republicanos anunciaron que lo bloquearán en el Senado, en el que tienen mayoría.

El paquete económico incluye un billón de dólares para rescatar a los estados y gobiernos locales, así como otra ronda de pagos directos de 1.200 dólares a los contribuyentes con ingresos por debajo de 75.000 dólares anuales, incluidos esta vez los inmigrantes sin papeles.

La Casa Blanca y los republicanos -así como algunos demócratas- se oponen tanto al giro a los indocumentados como a rescatar a los estados, ya que advierten que en algunos casos sus problemas financieros son previos a la pandemia.

De salir adelante, este plan sería el mayor de la historia de Estados Unidos al superar al aprobado a fines de marzo, de 2,2 billones, y doblaría los tres billones aprobados hasta ahora para hacer frente a la crisis económica.

Los demócratas impulsaron este nuevo plan tras conocerse que las peticiones de desempleo acumuladas durante los últimos dos meses alcanzan ya a 36,5 millones, por lo que destacaron su urgencia frente a unos republicanos renuentes a seguir aumentando el gasto público.

Antes de votar el paquete de estímulo económico, los demócratas también aprobaron un cambio en el reglamento de la Cámara de Representantes que permitirá, por primera vez en sus 231 años de historia, reunirse y celebrar votaciones en forma remota.

El voto remoto se realizará a través de apoderados presentes en Washington, aunque se abre la puerta a usar en un futuro la tecnología.

El cambio de reglamento permitirá retomar su actividad a la cámara baja, que estuvo prácticamente paralizada desde el estallido de la pandemia a inicios de marzo, reuniéndose en contadas ocasiones para aprobar los paquetes de rescate.

Los republicanos se opusieron en bloque al cambio del reglamento, argumentando que modifica la esencia del Congreso.

“Nuestros padres fundadores solían montar a caballo o en carro durante días, en condiciones difíciles, para llegar a Washington”, afirmó el congresista republicano Doug LaMalfa.

“La Constitución -añadió- no se ha infectado con el virus. ¿Por qué estamos votando una medida para suspenderla?”.

Sin embargo, el segundo demócrata de mayor rango en la cámara, Steny H. Hoyer, defendió que “no se trata de un precedente peligroso, sólo de una solución de sentido común a una crisis sin precedentes que requiere de ingenio y adaptabilidad como institución”.