Rechazaron más del 90% de excarcelaciones solicitadas por la pandemia

Más del 90% de los planteos de excarcelación y prisión domiciliaria por los supuestos riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles federales que llegaron a la Cámara Federal de Casación Penal fueron rechazados, según estimaron a Télam fuentes judiciales.

De los casi 700 planteos que llegaron al máximo tribunal penal del país desde el inicio de la pandemia vinculados a la libertad, prisiones domiciliarias, cese de prisión, morigeración de cautelares, libertades condicionales y libertades asistidas, entre el 92 y el 93% fueron rechazados por “inadmisibles”.

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal del país -solo por debajo de la Corte Suprema de Justicia- y recibe los recursos vinculados con casos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Dentro del 7 u 8% -estimado por autoridades judiciales- que no fueron rechazados, la mayoría fueron fallos en los que se decidió reenviar el caso a los tribunales inferiores para que dictaran un nuevo pronunciamiento atento a las recomendaciones esgrimidas por la propia Casación en su acordada número 9 de este año.

En esa acordada, Casación recomendó “a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”, respecto de personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, personas que estén próximas a cumplir la pena impuesta, personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas, entre otros.

En esa misma acordada, Casación ordenó “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”.

En la minoría de casos en los que Casación no declaró la inadmisibilidad de los planteos se encuentran varios fallos en los que la sala II de ese tribunal podría facilitar las prisiones domiciliarias de distintos detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que generó malestar entre organismos de derechos humanos.

“Lo que hacen los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques desde la Sala 2 de Casación es sistemático: resolución tras resolución a favor de beneficios para genocidas”, se quejó la organización HIJOS Capital en su cuenta de Twitter el pasado 15 de agosto tras un fallo que benefició a Rogelio José Martinez Pizarro (71), jefe de Sanidad de la ESMA entre 1977 y 1978.

Ese día, con los votos de los jueces Yacobucci y Mahiques, y la disidencia del magistrado Alejandro Slokar, la Casación anuló el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que había rechazado otorgar la domiciliaria al represor Martínez Pizarro y le ordenó que vuelva a evaluar esa posibilidad el marco de la pandemia del coronavirus.

La misma fórmula ya había sido utilizada por esa misma sala en beneficio de Lucio Nast (66), condenado a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 43 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario; el más grande de la provincia de Santa Fe.

Fallos similares dictó la sala de Casación en relación a planteos formulados por los represores de Bahía Blanca Osvaldo Bonini, Ricardo Claudio Gandolfo y José Antonio Maidana.

Otro caso que encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos fue el de Marcelo Cinto Courteaux (72), que está siendo sometido a juicio oral y público por 88 hechos cometidos mientras fue el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que funcionó en Campo de Mayo.

Corteaux –que también recibió un fallo de la sala II que ordenó reevaluar la posibilidad de enviarlo a prisión domiciliaria- está detenido en el penal de Ezeiza desde 2017 tras estar prófugo durante tres años en los que evitó presentarse a prestar declaración indagatoria. Cuando lo detuvieron, llevaba en el bolsillo una foto de uno de los abogados que lo acusaron durante años.