Cómo quedó sancionada la Ley de Emergencia Turística

El proyecto salió con varias modificaciones, tras un áspero proceso de debate en comisiones, entre los legisladores y también con funcionarios del Gobierno provincial. Fueron necesarias varias reuniones para acordar el texto definitivo de la Ley.

La primera modificación plasmada en el proyecto que fue aprobado ayer tiene que ver con la duración de la Emergencia. Mientras la iniciativa presentada por Miñones establecía 365 días, finalmente quedó hasta  el 31 de diciembre de 2020.

El segundo cambio y uno de los más discutido, es la creación de un consejo especialmente conformado para administrar la Emergencia Turística. Esto fue resistido de plano por las autoridades del Ejecutivo, quienes sostuvieron que esa función debe ser cumplida por el Consejo Provincial de Turismo (CPT), organismo que integran todas las localidades a través de los responsables municipales del área. Desde el Gobierno consideraron innecesaria una nueva estructura.

Otro cambio importante fue nada menos que las medidas que proponía el proyecto de Ley para aliviar la difícil situación que atraviesa la actividad turística. Establecía entre otras cosas; prórrogas en los vencimientos y/o eximiciones de pago de obligaciones fiscales, subsidios para préstamos destinados a la adaptación de la infraestructura de servicios turísticos a los protocolos por COVID-19, suspensión de nuevas habilitaciones provinciales de transporte de pasajeros.

La mayoría de estas medidas que estaban en el articulado del proyecto y pretendían convertirse en Ley, ahora están incluidas en un Plan Provincial de Contención Turística, que debe gestionar el Ejecutivo provincial junto al CPT.

EL DEBATE EN SESION

“Estamos conformes a medias, pero tenemos la Ley de Emergencia de Turismo en Santa Cruz”, manifestó en el recinto el diputado Miñones. El autor del proyecto también aclaró que el proyecto que había presentado “fue consensuado por todos los actores de la comunidad de El Calafate”, y no sólo se busca establecer esta Emergencia para beneficiar al sector turístico de El Calafate, sino de toda Santa Cruz

A su turno el diputado Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) opinó que “antes el proyecto era más ambicioso que este, pero entendemos que hubo una negociación” en el oficialismo para que salga la aprobación de la emergencia Turística

Jorre Arabel, quien acompañó el proyecto original con su firma, dijo en el recinto que “Por ahí no era lo que queríamos en su totalidad, pero celebramos la aprobación de la Ley. No hemos cedido, sino que hemos dialogado, negociado”, manifestó

Y el diputado Héctor Roquel (UCR) recordó lo duro que fue el debate en comisiones  “Escuchando a algunos funcionarios parecía que había una guerra entre El Calafate y el resto de la provincia”.  El legislador opositor respaldó a los autores de la iniciativa.

Su correligionaria Nadia Ricci bregó para que “que esta declaración no quede simplemente en eso, una declaración, sino que se transforme en acciones concretas para el sector”.

UNA MODIFICACION MÁS, DURANTE LA SESION

Una reforma de último momento se resolvió durante la sesión, no sin debate. El despacho de comisión preveía sumar dos diputados al CPT, quienes participarán de sus reuniones.

Esto generó controversia, primero para que se garantice la representatividad de la minoría parlamentaria, y luego para que se cumpla la ley de cupo femenino. Finalmente después de varios minutos se decidió elevar a cuatro el número de representantes por la Legislatura Provincial, Tres de los cuales pertenecerán a la bancada mayoritaria y uno por la minoría. Hubo acuerdo para que los diputados sean Juan Manuel Miñones, Adriel Ormeño, Karina Nieto por el FDT, y Nadia Ricci, por la UCR.

También se designará a un representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y hasta tanto esta Emergencia Turística esté en vigencia.

Además, en la norma sancionada se suspenden los plazos establecidos que venía teniendo este Consejo Provincial de Turismo para sesionar, “debiendo ser convocado por su Presidente una vez al mes como mínimo, notificando a sus integrantes el temario a tratar, con una anticipación de cinco días”