Quieren anular decreto de Macri que favorece a gasíferas

El Gobierno busca anular un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Mauricio Macri que compensó a las empresas generadoras de gas de las pérdidas ocasionadas por las devaluaciones de 2018 y este martes dio el primer paso, con un dictamen en contra en la bicameral de trámite legislativo.

Para completar al trámite necesita que ambas Cámaras del Congreso lo rechacen, lo que no fue posible con los decretos que transfirieron las escuchas judiciales a la Corte durante el anterior gobierno: el Senado dio ese paso pero no así Diputados, donde los aliados no garantizaron la mayoría. Cristina Kirchner y Sergio Massa optaron por crear una subcomisión supervisora.

Cambiemos volvió a negarse a tratar decretos de Macri en comisión por considerar que si ya fueron dictaminados alcanza con llevarlos al recinto o reemplazarlos por otro.

“Lo que están haciendo no es legal porque una vez que la Comisión dictamina la competencia es de las Cámaras, así lo dice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, insistió el diputado chubutense Gustavo Menna, antes de salir de la reunión.

El DNU 1053 fue un compendio de ampliaciones y cambios presupuestarios que en su artículo 7 establece que el Estado “asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.

En aquel abril el dólar oscilaba los 20 pesos y duplicó su valor en pocos meses, aun después del acuerdo firmado por Macri con el Fondo Monetario Internacional. En octubre, la Enargas aumentó las tarifas para que las distribuidoras de gas sean compensadas por los usuarios en cuotas mensuales, pero la presión de la entonces oposición y de la UCR lo obligó a revertir la medida. Fue necesaria una discusión a los gritos entre los legisladores radicales y Marcos Peña Braun.

“Si no derogamos este decreto todos los argentinos vamos a seguir pagando algo que es confiscatorio”, argumentó la senadora Anabel Fernández Sagasti.

El diputado oficialista Marcos Cleri, presidente de la bicameral, sostuvo que la intención del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, echado por Macri en junio de 2018, era “estatizar la deuda del sector privado en base a compromisos” que había asumido con las empresas gasíferas, “tratando de transferir a todos los argentinos una pérdida que habían tenido”.

“Mientras la gente se moría de frío, Aranguren y Enargas se abrazaban con los productores de gas y le trasladaban 400 millones de dólares. Y después le bajaban los subsidios a la Patagonia para darle plata a sus amigotes”, continuó el diputado santacruceño Pablo González, quien conoció al ex ministro cuando era vicegobernador de Santa Cruz.

González argumentó otros dos decretos de Alberto que se dictaminaron para intervenir el Ente Nacional regulador de electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estará a cargo de Federico Bernal, ex asesor de Cristina en el Senado. Anticipó que una de sus próximas medidas será revisar los concursos de los directores que decidieron compensar a las gasíferas.