El máximo tribunal desestimó una serie de planteos en causas donde aparecen involucrados exfuncionarios o dirigentes ligados al kirchnerismo. Entre ellos al expiquetero.
Asimismo, la Corte rechazó una serie de planteos del exsecretario de Obras Públicas José López: en una, una pericia integral sobre el patrimonio de Andrés Enrique Galera, a raíz de la intervención de la UIF en una investigación por enriquecimiento ilícito donde se detectó movimientos patrimoniales y financieros sospechosos y sin justificación en relación entre López y Galera. Este último había planteado la nulidad de la orden a la División Económica Financiera Lavado de Activos del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina para que indague en sus bienes. Lo desestimaron por o dirigirse a una sentencia definitiva o equiparable.
La Corte decidió mantener abierta la investigación respecto investiga a José Buccioni en su carácter de Vicepresidente de “Liderar Compañía General de Seguros SA”, por la defraudación desplegada contra el Estado como encargado del seguro de responsabilidad civil contratado a favor de las líneas de ferrocarriles “Sarmiento” y “Mitre”, explotadas por la empresa concesionaria “Trenes Buenos Aires SA (TBA SA)”, en perjuicio de los derechos de reparación de los afectados por distintos episodios dañosos, en particular los correspondientes a la Tragedia de Once.
Con el objetivo de que no se lo investigue, el investigado fue en queja a la Corte que desestimó el planteo con el voto de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti haciendo saber que el recurso de queja ante la Corte tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación – ordinaria o extraordinaria – para ante el Tribunal, lo que no había sucedido en el presente caso. Es decir, que se olvidó un paso fundamental.
En la misma tanda, la Corte rechazó una queja del represor Miguel Etchecolatz para obtener una domiciliaria. Mismo rechazo tuvo una serie de planteos de decenas de detenidos por delitos de lesa humanidad y sustracción de menores durante la última dictadura militar.
Fuente: Ámbito
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