Cinco exmilitares serán juzgados por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo
El juicio será posible gracias al hallazgo de algunos cuerpos y al testimonio de conscriptos que hicieron el servicio militar en esos años y contaron a la Justicia cómo en el Aeródromo del Batallón de Aviación 601 los detenidos eran ingresados a los aviones que los arrojarían a las aguas del Río de La Plata o del Océano Atlántico.
La secretaría de Derechos Humanos es uno de los querellantes de la causa y su titular, Horacio Pietragalla Corti, explicó a Télam que “la causa se inicia con pruebas contundentes vinculadas al hallazgo de cuerpos en las costas de Magdalena, Verónica, Punto Indio y Las Toninas”.
“Muchos fueron identificados en Magdalena y enterrados como NN en su momento pero gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se les devolvió la identidad”, indicó el funcionario.
Tal fue el caso de la hermana de Rodolfo Novillo, Rosa Eugenia Novillo Corvalán, quien contó a esta agencia que “pese a que en el año 1977 descubrieron el cuerpo de ‘Tota’ (tal como la apodaban), lo enterraron como NN y recién en 1999, gracias al EAAF pudimos confirmar que se trataba de mi hermana”.
Por este ocultamiento, se abrió una causa contra los excomisarios Julio César Morazzo y Moisés Elías D´Elía, autores del encubrimiento del hallazgo de Rosa, quien estaba embarazada cuando fue secuestrada junto a su compañero Guillermo Pucheta, en 1976.
En tanto, el juicio de los vuelos de la muerte ocurridos en Campo de Mayo se realizará desde el lunes 5, y cada lunes, a las 9.30, a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín.
También son partes acusadoras la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el abogado Pablo Llonto en representación de las víctimas, y por el Ministerio Público fiscal intervendrá Marcelo García Berro, en tanto que el debate será transmitido a a través de una cuenta de la red social Twitter.
Pietragalla Corti agregó que, desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández, existe el “compromiso de acelerar los juicios a fin de evitar la impunidad biológica” debido al tiempo transcurrido desde la comisión de estos delitos de lesa humanidad.
El funcionario recordó también “el espanto” que generaron las declaraciones del exmarino Adolfo Scilingo en los años ’90, quien fue detenido y condenado en España a una pena de 1.084 años de cárcel por los vuelos de la muerte.
“Todavía recordamos el horror con el que escuchamos a Scilingo admitir que los vuelos habían existido y que eran el destino final de nuestros compañeros”, recordó el funcionario.
En este punto destacó la importancia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia “sobre todo en épocas en las que aparecen consignas que ya creíamos olvidadas reivindicando lo que se hizo en una dictadura que fue feroz y donde se cometieron delitos aberrantes”.
Consideró que las condenas son entonces “necesarias para contrarrestar esas voces que quieren generar violencia y confusión en la sociedad”.
El abogado Pablo Llonto en representación de las víctimas, es querellante en la causa
En tanto, Llonto valoró en diálogo con Télam los testimonios de los exconscriptos que “permiten, con pequeños fragmentos, la reconstrucción del horror”.
“Los testigos relataron que esos vehículos trasladaban bolsas con cadáveres y jóvenes ensangrentados con indicios de haber sido sometidos a largos cautiverios”, subrayó.
Las declaraciones de los exconscriptos fueron posibles en gran parte gracias a una campaña de difusión que se realizó en los años 2009 y 2010, en los medios públicos, en la cual se los convocaba a contar si habían visto u oído algo vinculado con este tipo de delitos.
Entre los acusados están Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares y los exaviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi que integraban el batallón de Aviación 601, con sede en el Cuerpo IV del Ejército.
Había otro aviador imputado, Alberto Devoto, pero no podrá ser juzgado por estar su salud demasiado deteriorada.
Entre las víctimas se encuentran Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, arrojados a las aguas del Río de La Plata y cuyos restos fueron hallados en la zona de Magdalena y Punta Indio, mientras que Rosa Novillo Corvalán, apareció en las costas de Magdalena.
Los imputados enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad personal, torturas y homicidio agravado con ensañamiento y alevosía, en todos los casos se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria.
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