La Municipalidad de Río Gallegos tiene plazo hasta hoy para presentar a Maxia su propuesta de gerenciamiento del servicio. Serán doce colectivos y los choferes harán turnos rotativos. El alquiler de una unidad rondará los $ 125 mil mensuales.
Mientras la Unión Tranviario Automotor (UTA) tensaba la relación con el municipio, el juez Marcelo Bersanelli llevaba adelante -el martes- una nueva audiencia entre la comuna y Maxia SRL.
El administrador judicial, José Luis Gómez, se esperanzó con un “principio de acuerdo”, luego del encuentro. Pero el representante legal de la compañía, Luis Pinto, manifestó que todavía no ratificaron las condiciones del gerenciamiento del transporte urbano de pasajeros.
A pesar de las diferencias, es posible indicar que las partes en conflicto dieron un paso adelante esta semana. Así, el Ejecutivo local prepara un escrito para formalizar su propuesta a Maxia.
El plazo para la presentación vence hoy, y la compañía cuenta con 48 horas para analizarlo.
El paso siguiente es retomar una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia. En caso de ser homologado el convenio, el municipio tomará finalmente posesión de los bienes.
La gestión de Pablo Grasso sostiene que el objetivo es reanudar el servicio en lo inmediato y administrarlo por tres meses hasta el llamado a licitación.
Gómez aseguró: “Inicialmente pedimos 16 unidades, pero luego modificamos a 12”, asegurando que serán suficiente ya que Río Gallegos por disposición del Gobierno Provincial- permanece en Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, como medida preventiva para evitar el coronavirus.
El pre acuerdo, -que será ratificado o rechazado en sede judicial- establece que “siete unidades serán cedidas en comodato (a préstamo) y cinco restantes alquiladas por un valor que rondará los $ 125 mil”, aseguró Gómez.
Mientras tanto, el escenario se completará con la decisión que tome el Poder Ejecutivo Provincial. Hasta aquí, rige la prohibición de habilitar el transporte de pasajeros, buscando evitar la aglomeración de las personas.
Al igual que la semana pasada, se ratificó que los Protocolos de Bioseguridad -autorizados por el Ministerio de Transporte de la Nación- serán implementados en esta ciudad, y garantizó la existencia de insumos necesarios para la sanitización y el aislamiento de los choferes en las unidades.
En tanto, las unidades serán habilitadas para transportar el 50 % de pasajeros de acuerdo a su capacidad.
Otro punto es la diagramación del personal, ante una dura disputa con la UTA que este martes terminó en una violenta protesta contra el intendente, que denunció amenazas.
El administrador judicial adelantó que inició conversaciones con el personal y habrá doble turno. “Lunes, miércoles y viernes prestará servicio un grupo y los restantes las otras jornadas”, dijo.
“Esperamos que los choferes se pongan a disposición del trabajo y que cada uno haga lo que corresponda para sacar adelante el servicio”, puntualizó más adelante al referirse al conflicto del pasado martes.
En tanto, la representación legal de Maxia SRL enfrió la negociación. El Dr. Luis Pinto dijo que esperan la propuesta de la comuna por escrito para recién analizar si es posible un acuerdo.
Se supo que hoy vence el plazo para que el Ejecutivo entregue su oferta a la empresa y explique cómo brindará el servicio.
“La audiencia de partes fue para escuchar las pretensiones del municipio, pero tienen que hacerla por escrito y no recibimos nada”, aclaró.
Pinto confió que para llegar a un acuerdo “falta mucho”. “Buscamos dialogar desde el inicio y apostamos a una resolución en favor del usuario. Hay mucha liviandad y no nos vamos a prestar a negociaciones que no sean serias”, insistió el letrado.
Recordó que la Cámara de Apelaciones debe resolver del pedido de impugnación presentado contra el Dr. Bersanelli. “Perdió su ecuanimidad, todas sus resoluciones fueron a favor del municipio”, dijo. De todos modos, aclaró que el pedido de impugnación no impedirá a las partes alcanzar un acuerdo.
Fuente: La Opinión Austral
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