Stornelli requirió a la jueza María Eugenia Capuchetti la aplicación de embargo preventivo sobre los imputados y las empresas Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A.
El fiscal Carlos Stornelli pidió que se dicten embargos preventivos y la inhibición general de bienes de los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri imputados en la causa peajes y de las empresas vinculadas al expresidente que están bajo la lupa. A la vez requirió que se investiguen maniobras de lavado de activos de acuerdo a lo denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Stornelli requirió a la jueza María Eugenia Capuchetti la aplicación de medidas cautelares, esto es el embargo preventivo sobre los imputados y las empresas Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A, y que “hasta tanto se integre el mismo, podrá V.S disponer su inhibición general de bienes”.
En la causa habían sido procesados -aunque esta medida después fue anulada- el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y los ex funcionarios Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y el ex Procurador del Tesoro Bernanrdo Saravia Frias, entre otros, los que siguen estando imputados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ya había solicitado la inhibición de bienes, pero la respuesta de la justicia fue un simple “téngase presente”.
El caso primero estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Cuando este magistrado se jubiló, pasó a su colega Julián Ercolini y actualmente lo lleva adelante María Eugenia Capuchetti.
Para el fiscal Stornelli “la maniobra que se les endilga podría implicar, de acreditarse finalmente su materialidad, un perjuicio al erario público o bien una obligación abusiva en detrimento de éste que, podría prima facie ascender a las sumas de U$S499.000.000 (relacionados con la renegociación con Autopistas del Sol S.A.) y U$S247.000.000 (vinculados con la renegociación con Grupo Concesionario del Oeste S.A.); ello con más su actualización conforme las pautas del acuerdo de renegociación integral, que incluso podría llegar a incrementarse, eventualmente y de ser acreditado, en virtud de otras posibles condiciones que hubieran sido pactadas en detrimento estatal”.
Para la fiscalía “deviene necesario, en este estado, la aplicación de medidas cautelares tendientes a asegurar el patrimonio del Estado Nacional, y a la vez evitar cualquier provecho del ilícito investigado por parte de quienes resultaren beneficiados con su producto”.
Por ello consideró que corresponde “el embargo preventivo sobre los imputados mencionados, como así sobre las personas de existencia ideal Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A., hasta tanto se integre el mismo, podrá V.S. disponer su inhibición general de bienes”
Con respecto a las maniobras de lavado de activos, la UIF había solicitado la formación de una nueva causa para profundizar acerca de las operaciones de naturaleza económica y financiera que se habrían llevado a cabo para la inserción en el mercado formal de los fondos presuntamente espurios obtenidos mediante los hechos investigados.
Esto es, aquellos derivados de los procesos de renegociación integral del contrato de concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A. y del contrato de concesión del Acceso Oeste a la C.A.B.A.
Según se denuncia, AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., como accionista principal de ambas empresas concesionarias, habrían sido las destinatarias del beneficio económico ilícito, producto de la valorización de sus acciones, habiéndose desprendido de su capital accionario y obteniendo exorbitantes ganancias económicas que tuvieron origen ilícito en los hechos investigados.
Ahora el fiscal decidió “impulsar la acción penal conforme los hechos… que fueran introducidos formalmente en autos por la Unidad de Información Financiera, sin perjuicio de que deberá requerirse a dicho Organismo que en el marco de la hipótesis en cuestión, brinde y aporte precisiones sobre aquellas presuntas operaciones de naturaleza económica y financiera a las que hace referencia en su presentación”..
El fiscal le pidió a la jueza Capuchetti determinar si las maniobras de lavado de activos deben ser investigadas en el marco de esta causa, o si, en cambio, corresponde la extracción de testimonios para su remisión a sorteo.
El fiscal hizo saber la formación de actuaciones “a los fines de la realización de las investigaciones patrimoniales pertinentes”.
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