El pontífice decidió que a partir del 1 de enero de 2021 “fondos y cuentas bancarias, inversiones valores e inmuebles, incluidas inversiones en empresas y fondos de inversión” de la Santa Sede dejarán de ser administrados por la Secretaría de Estado y pasarán a manos de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el ente que gestiona los inmuebles del Vaticano.
La decisión del Papa, expresada en un Motu Proprio, o decreto pontificio de cuatro artículos, busca “una mejor organización de la administración, de los controles y de la vigilancia sobre las actividades económicas y financieras de la Santa Sede”, según los considerandos que llevan la firma del pontífice.
La decisión se da en medio de una serie de cambios impulsados por Francisco para darle mayor transparencia a la gestión de los fondos vaticanos, como busca desde su entronización en 2013, y luego del escándalo financiero por la compra de una propiedad de 200 millones de euros que derivó en el procesamiento de cinco funcionarios de la Secretaría de Estado.
Como parte de la investigación por las operaciones inmobiliarias sospechadas en Londres, el Papa decidió este año remover de su cargo al cardenal Angelo Becciu, responsable de los fondos de la secretaría de Estado entre 2011 y 2018.
Según afirma el Papa en su nuevo decreto, la reorganización busca “asegurar una gestión transparente y eficiente y una clara separación de competencias y funciones” en los Dicasterios (ministerios) vaticanos.
El Papa dispuso que la Secretaría de Estado debe trasladar al APSA, “a más tardar el 4 de febrero de 2021, todos sus activos líquidos mantenidos en cuentas corrientes mantenidas a su nombre en el Instituto de Obras de Religión o en cuentas bancarias extranjeras”.
Según la nueva norma, dentro de los fondos a manejar por el APSA se encuentran también los derivados del Óbolo de San Pedro, que el Papa destina a obras de caridad con dinero de colectas y donaciones.
El mes pasado, al adelantar la reforma, el vocero papal Matteo Bruni había planteado que con las nuevas disposiciones del Papa, la Secretaría de Estado, en materia económica y financiera, “no tendrá ninguna responsabilidad de supervisión y control de ninguna Entidad de la Santa Sede, ni de las relacionadas con ella”.
Mientras el Papa busca dar mayor transparencia a las finanzas del Vaticano, en octubre pasado una comisión enviada por Moneyval, el ente europeo encargado de monitorear la lucha contra el lavado de dinero en Europa, revisó durante 15 días las medidas impulsadas por el pontífice para definir si introduce a la Santa Sede dentro de los países con manejo transparente de sus organismos financieros.
En agosto, Francisco designó al laico español Maximino Caballero Ledo como secretario general de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, en otro paso más en su intento de sanear las finanzas del Vaticano.
Con un largo recorrido en el mundo de las finanzas en Estados Unidos, Caballero Ledo tendrá a cargo la coordinación del organismo que centraliza todas las instituciones económicas vaticanas, incluido el banco IOR y la inmobiliaria APSA, que tiene un patrimonio de más de 3.000 millones de euros en propiedades por todo el mundo.
Francisco creó la Secretaría para la Economía del Vaticano en febrero de 2014, menos de un año después de ser elegido, con la intención de englobar todas las operaciones financieras luego de una serie de escándalos durante el pontificado de su predecesor Benedicto XVI.
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