Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado de la Nación Argentina aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviada al Congreso por el presidente Alberto Fernández.
El Senado aprobó esta madrugada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. De esta manera, el aborto es legal, seguro y gratuito en la Argentina.
El proyecto, que fue rechazado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, había sido una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández. El debate se extendió por unas doce horas.
La confirmación de los senadores Stella Olalla, Lucila Crexell y Sergio Leavy, de Cambiemos, el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Todos, respectivamente, de que votaban a favor de la iniciativa, inclinaron la balanza hacia la aprobación del aborto legal y horas antes de que se votara en el “poroteo” ya se sabía que la votación iba a ser afirmativa.
La discusión fue seguida desde la calle por miles de personas que se juntaron frente al edificio del Congreso, separados por un vallado entre “verdes”, favorables al aborto, y “celestes”, en contra. En el primer discurso de la sesión, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango, anunció que se acordó con el Poder Ejecutivo una corrección a la letra del proyecto que se plasmará en el proceso de reglamentación.
Desde el inicio del debate, cerca de las 16, fueron 35 los legisladores que se manifestaron a viva voz a favor. Con ese número ya tenían los “verdes” asegurado al menos un empate ya que estaban presentes 70 de los 72 senadores por la ausencia por razones de salud de Carlos Menem y por licencia, tras ser denunciado por abuso sexual, de José Alperovich.
La discusión comenzó cuando la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, habilitó la sesión especial y la primera oradora fue la peronista pampeana Norma Durango. En su discurso, Durango anunció que el proyecto podría ser modificado, si resulta aprobado, cuando sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Según Durango, se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral”. Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión.
El artículo cuarto establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación” o si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.
El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional”. Fuera del plazo establecido, no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si “estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.
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