Al respecto, el titular de la Cartera de Trabajo Provincial, Teodoro Camino, puso en valor el trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. Además señaló que la articulación interministerial se dio por indicación de la gobernadora Alicia Kirchner a fin de generar soluciones a las demandas surgidas.
De esta manera, desde ese organismo del Gobierno Provincial se intervino de forma efectiva para encauzar las demandas de los conductores, a pesar que aún no cuentan con poder de representación sindical en Santa Cruz
Entre las principales resoluciones, Camino destacó que en la última reunión que se hizo de manera conjunta entre trabajadores, empresas transportistas, IEASA y el Gobierno provincial se resolvió aplicar el DNU N° 329”. El objetivo es apostar a la empleabilidad y “prohibir posibles despidos en caso que surgieran cesantías ocasionados por el conflicto”, señaló Camino.
En esta misma línea, las gestiones gubernamentales establecen que se harán efectivos en los puestos de trabajo aquellos que superen los seis meses bajo esa relación laboral. De cumplir con ése requisito, el transportista sólo deberá solicitar el trámite ante el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.
Las garantías laborales solicitadas por los transportistas también fueron atendidas por el Gobierno Provincial. Así, las gestiones que llevó adelante el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria a cargo de Silvina Córdoba, generaron que las siete firmas que integran la cámara empresarial del sector presenten sus cotizaciones ante UTE Represas Patagonia.
Otro de los puntos destrabados fue el pago de las deudas en beneficio de los empresarios. “Se resolvió un plan de pagos, está acordado”, aclaró Teodoro Camino, y resaltó que se trató de una gestión entre UTE Represas Patagona y los transportistas. Asimismo, la gobernadora Alicia Kirchner decidió que las empresas del sector recibirán de parte del Estado Provincial un “aporte complementario” que ayudará a los empleadores a hacer frente a las obligaciones. Se definió que la asistencia estatal será sostenida hasta que las empresas retomen la normalidad de sus actividades.
Por otra parte, destacó que las gestiones con los transportistas desembocaron en una invitación a participar el 4 de octubre próximo de una mesa de trabajo ante las operadoras mineras.
De esta manera, Camino ratificó que cada uno de los lineamientos descriptos fueron “acordados de manera participativa con cada una de las partes, pero quienes se referencian como UCRA no aceptaron por que buscan cambiar la lógica de órdenes de compra a contratos”.
Sobre este punto, desde la Autoridad Laboral explicaron que esa lógica empresarial implementada está jurídicamente respaldada.
“Es el único punto por el cual UCRA sostiene el conflicto, todo lo relacionado a la cobertura salarial y laboral está cerrado y acordado. Queda a las claras que quizás haya una intencionalidad política que no permite poner fin el conflicto”, finalizó.
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