Un equipo interdisciplinario del CCT CONICET-CENPAT se hizo presente el pasado jueves 2 de diciembre a pedido de la fiscal Florencia Gómez, del Ministerio Público Fiscal de esa provincia, integrado por Pablo Garcia Borboroglu investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) Mario Rostagno, investigador del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET), Tomás Bosco, profesional también del IPEEC, y Carolina Leroux, abogada de la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT).
“Ante los hechos ocurridos en cercanías de la Reserva Provincial Punta Tombo, surgió una alternativa impensada: la participación de la ciencia y la tecnología. Una vez más, nuestras y nuestros investigadores se ponen al servicio de la sociedad para determinar un posible caso de delito ambiental que pudo haber atentado contra la fauna silvestre. El CONICET aportará a la Justicia un informe sobre el trazado del camino que hizo el propietario de las tierras y sobre la colonia de pingüinos”, destacó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.
Por su parte, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, destacó la tarea que están realizando las instituciones científicas públicas y detalló: “la ciencia tiene que servir siempre para mejorar la calidad de vida de todos y todas, y este es un claro ejemplo. Un grupo de científicos y científicas, de diversas disciplinas, trabajando en conjunto, para poder aportar soluciones a la justicia y a la sociedad en problemas tan importantes como este. Más ciencia y tecnología es el camino para el desarrollo de un país cada vez más justo e inclusivo”.
Además de este conjunto de especialistas, que ya se encuentra realizando el informe técnico para presentar ante la justicia, desde el Programa Ciencia y Justicia del CONICET se está brindando asesoramiento para evacuar con solidez técnica jurídica todas las consultas elaboradas por la fiscalía.
“Está quedando demostrado, una vez más, que la interacción entre el poder judicial, las fuerzas de seguridad y el sector científico se retroalimentan en el marco de pericias donde la evidencia científica se transforma en un factor clave para dilucidar los hechos”, afirmó el director del CCT CONICET-CENPAT, Rolando González-José.
Así, los científicos y científicas buscarán determinar el potencial impacto en el paisaje del camino trazado desde una mirada enfocada en el suelo y la vegetación, mientras que por la parte de la ecología de pingüinos se estudiará la afectación de esa obra y la instalación de un alambrado, en aves, pichones y nidos.
“De este modo, la pericia se sustentará en tres disciplinas como la teledetección satelital, la ecología marina, y la ecología de zonas áridas, de larga tradición en el CCT CONICET-CENPAT, que vuelcan sus años de investigación en el terreno para asistir al poder Judicial”, agrega González-José.
“La Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE) proveerá información satelital a fin de analizar los cambios acontecidos a lo largo del corriente año en el terreno afectado por la realización del camino en cuestión, en zonas cercanas a Punta Tombo. Es allí donde se combinan usos del suelo para la ganadería y ambientes naturales a preservar para el beneficio de la flora y fauna nativa. Los productos provistos por las plataformas satelitales propias y de terceros que se reciben en la Estación Terrena de Córdoba y a través de acuerdos internacionales con otras agencias espaciales, resultan de significativa importancia para la correcta evaluación de este tipo de problemática, estimando con mayor precisión las fechas de cambios”, agregó el titular de la cartera nacional de ciencia.
“Así es como la ciencia y la tecnología argentina hacen un aporte para buscar esclarecer un presunto caso de ecocidio. Es fundamental entender lo trascendental de la contribución de la comunidad científico-tecnológica, ya que el éxito en el accionar judicial depende de que las pruebas sean irrefutables”, cerró el ministro Filmus.
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