Como parte de su estrategia para reducir las expectativas inflacionarias, acercarse al objetivo de que el índice de precios “comience con 3%” en abril -como repite el ministro de Economía, Sergio Massa– y que el número anual no salte del 60% establecido en el Presupuesto, el Gobierno apura las conversaciones con empresas de consumo masivo para renovar el programa Precios Justos.
Para eso, mientras monitorea el cumplimiento del acuerdo, que congeló el valor de 2000 productos desde el 11 de noviembre hasta el 28 de febrero próximo, funcionarios de la Secretaría de Comercio que comanda Matías Tombolini comenzaron en los últimos días los contactos con las principales empresas de consumo masivo.
El mensaje que recibieron los productores de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal fue que la intención oficial es que la segunda etapa de Precios Justos arranque el 1° de marzo con una sola actualización que se está negociando -que contemple la inflación y suba de costos de los meses previos- de los valores finales de los productos que quedarán congelados y que el resto de los productos aumenten por debajo de 4% mensual actual.
Incluso, el Gobierno busca que los aumentos de unos 30.000 productos “libres” empiecen un sendero de descenso y que el tope mensual de actualización quede más cerca del 3% que del 4% actual. Con esos porcentajes, el equipo económico busca que Precios Justos sirva como anclaje para la canasta de los alimentos, como ocurrió en noviembre y en diciembre.
Una meta que luce complicada, al menos por lo que se registró en las últimas semanas. Según las consultoras, enero muestra una inflación en alimentos superior a los meses previos, lo que impactará seguramente en el índice general y complicaría la aspiración de Massa de mostrar un descenso en el primer dato mensual de 2023.
La sequía extrema, por un lado, y la escalada del dólar blue, por el otro, suman tensión a la negociación, sobre todo en los productos frescos, con verduras y frutas que mostraron incrementos de más de 8% hasta la tercera semana de enero.
En las reuniones con los proveedores de alimentos y otros artículos de consumo masivo, así como con los supermercados, el Gobierno puntualizó el requerimiento de además de un alza contenida en los precios por fuera de la canasta de 200 productos, se garantice un adecuado abastecimiento de los productos de Precios Justos, además de la señalización y el valor acordado.
De acuerdo con los últimos relevamientos oficiales, se detectó un 67% de cumplimiento en stock, 77% en señalética y 100% en los valores acordados.
Con esos números en mano, se dieron los controles que tuvieron participación del Sindicato de Camioneros, así como de otros gremios y organizaciones sociales. El sindicato que dirigen Hugo y Pablo Moyano hizo durante el segundo fin de semana una recorrida, junto a inspectores de Defensa del Consumidor, a un centro de distribución de la cadena Coto, en Monte Grande, lo que desató el rechazo de los dirigentes opositores y de referentes empresarios.
Tras esos controles, que se repitieron también en localidades de la Costa Atlántica, el Gobierno elevó fuerte las multas con montos que pueden llegar a $71 millones para quienes incumplan el acuerdo de Precios Justos.
En los despachos oficiales espera una mayor tracción del programa en la Ciudad y el conurbano, dado que en las primeras semanas del año, mucha gente se desplazó a otros puntos del país por las vacaciones y no compró en los comercios habituales, pero sí puedo hacerlo en los destinos donde veraneó.
Además, recordaron que el programa no solo incluye alimentos y consumo masivo, sino también zapatillas y ropa, mientras se negocia incorporar materiales de construcción y artículos de librería en la previa al inicio del ciclo lectivo 2023.
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