La hizo el secretario adjunto, Rafael Guenchenén, luego de recorrer yacimientos de la zona sur y abordar plataformas semisumergibles que operan en el Estrecho de Magallanes.
Al respecto, aseguró que “hay una preocupación muy grande porque la pérdida de producción de gas que hemos tenido ha sido tremenda, a tal punto que se registra una caída de más del 50% en los últimos años”.
“Hace mucho tiempo que esta operadora no presenta un plan de inversiones coherente que posibilite mantener la producción, pero también vemos una complicidad del gobierno de Alicia Kirchner, porque le ha permitido que vacíe las reservas”, puntualizó el dirigente.
“Acá en zona sur hay muchas familias que dependen de la producción de gas y de petróleo y lo que está sucediendo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo. Además –resaltó- se está perjudicando los ingresos del propio Estado provincial por la pérdida de regalías”.
En esa misma línea sostuvo que “la falta de políticas de producción del propio Estado lleva a la desinversión, a la pérdida de operatividad en los yacimientos y la baja de puestos de trabajo”.
Por ello, sostuvo, “la ministra de Producción (Córdoba) y el presidente del Instituto de Energía (Matías Kalmus) deberían salir de sus oficinas para ver lo que está pasando, porque son cómplices y están perjudicando a todo el pueblo de Santa Cruz. Y si no son capaces de hacer su trabajo, deberían dar un paso al costado”.
Trajo también a colación que “no se entiende cómo a pocos kilómetros, en Tierra del Fuego, hay plataformas de otras compañías que están operando a su máxima capacidad y aumentando la producción”.
“Por el contrario, lo que ocurre en zona santacruceña es un ejemplo de que el gobierno permite las políticas de desinversión y el resultado es el agotamiento de nuestros recursos”, resaltando además que ENAP tiene antecedentes de vaciamiento de reservas gasífera en Chile.
Finalmente dejó sentado que “desde nuestro gremio no vamos a permitir ninguna baja, ni que las consecuencias de desinversión de esta operadora y de este gobierno que se las avala, las terminen pagando los trabajadores”.
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