El Gobierno buscará recomponer el nivel de ingresos de los asalariados en las próximas semanas. Es uno de los desafíos que se trazó el ministro de Economía, Sergio Massa, para después de las elecciones primarias. La discusión a esta hora pasa por otorgar una suma fija o por establecer un nuevo “piso salarial”. En paralelo, al Palacio de Hacienda le tocará discutir la renovación del Programa Precios Justos, una parada dura con la industria que reclama mayores incrementos por la suba de costos.
Los tiempos y el contexto. A contramano de lo que señalaban desde algunos sectores de la oposición, no hubo nada parecido a un “plan platita”. Por el contrario, con el impacto de la sequía que hizo mermar la recaudación, el Gobierno tuvo que ajustar el gasto mes a mes y, quizás por eso, no aceleró algunas de las medidas que tiene en estudio. Entre ellas, una mejora en los salarios más bajos.
Hasta el momento, se analizan dos opciones. Por un lado, gana terreno la idea de una suma fija. No es la primera vez que se pone sobre la mesa esta opción y tampoco es la primera vez que el sindicalismo la rechaza con el argumento de que eso iría en desmedro de las paritarias. La virtud que ve el Gobierno en esta herramienta es que ayudaría a impulsar a los sueldos más bajos.
La segunda opción es establecer un nuevo piso salarial similar a lo que marca la canasta básica que mide el INDEC. Esta idea tendría la particularidad de que podría incluir a más de un millón de trabajadores municipales que hoy están por fuera incluso del salario mínimo vital y móvil. “Hoy por hoy la mayor parte de los trabajadores pobres son municipales. Hay municipios en el interior del país y en el conurbano bonaerense que ganan $50.000 o $60.000”, contó a Ámbito un funcionario del Gobierno.
Con el cierre de junio, de acuerdo al instituto oficial, la canasta básica total orilla los $232.000. Una de las preguntas que surgen, en caso de avanzar con el nuevo piso salarial, es cómo harán los municipios para afrontar el gasto que implicaría. “Habrá que ver, pero hay muchos distritos que tienen el equivalente a un año de la administración pública apalancado en plazos fijos”, señalan desde la Casa Rosada.
Al margen de la decisión que se tome, un desafío complementario será que esa mejora salarial no se evapore inmediatamente por una nueva aceleración de la inflación. Sobre este punto, el Gobierno tiene una parada difícil: la renegociación del programa Precios Justos, que vence el 17 de agosto y que viene siendo una barrera fundamental para frenar la escalada de los productos esenciales en grandes supermercados.
Las empresas de consumo masivo reclaman incrementos de dos dígitos para “compensar” la suba que vienen sufriendo en los costos. Según explican, el desfase entre sus aumentos y el de sus proveedores se vio agravado con las nuevas medidas que tomó el Gobierno de sumar el impuesto País en las importaciones de bienes y en los fletes internacionales. Anticipan que el debate será tenso.
Para esta semana, el ministro de Economía Sergio Massa tiene prevista una intensa agenda que incluye el armado del presupuesto 2024 con “déficit cero”, facilidades para importar con dólares propios, también se anunciarán nuevos desembolsos de organismos multilaterales de crédito.
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