Pettovello denunció a exfuncionarios de Macri

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, hizo una nueva denuncia de supuesta corrupción. Esta vez contra trece funcionarios y empleados de la gestión de Mauricio Macri, por pagos presuntamente irregulares de 600 millones de pesos a favor de una Asociación Civil entre 2017 y 2019. Las personas denunciadas, que seguían trabajando en el Estado, fueron despedidas.

Tras una auditoría, la Subsecretaría Legal de Capital Humano, encabezada por la abogada Leila Gianni, denunció que el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Cambiemos, a cargo de Jorge Triaca (h), hizo pagos irregulares a la asociación civil Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT), con la que se firmaron un convenio marco y quince convenios específicos de “cooperación y asistencia técnica”.

Entre los trece funcionarios desvinculados, figura Mónica Alcibar, quien era hasta la denuncia la Directora de Informática e Innovación Tecnológica del Ministerio de Trabajo (hoy degradado a Secretaría). Está apuntada como el principal nexo entre CEDyAT y el Ministerio de Trabajo.

Según la denuncia de Capital Humano, una auditoría interna detectó “irregularidades en el Ministerio de Trabajo que fueron relevadas por el equipo encabezado por la abogada Leila Gianni gracias al aporte de un empleado ‘arrepentido’ de dicho ex Ministerio que apuntó a trece funcionarios y empleados como partícipes en una añeja asociación ilícita enquistada en el organismo para hacer negocios millonarios a costa del Estado”.

Entre los servicios contratados que están bajo sospecha, se encuentran el desarrollo de un sistema de software, aplicaciones y aplicativos tecnológicos para el desarrollo actividades del Ministerio y la “adquisición de una unidad móvil de apoyo tecnológico necesaria para llevar a cabo los operativos de fiscalización conforme a las necesidades específicas del Ministerio”.

La denuncia presentada por Capital Humano sostiene que los contratos firmados con CEDYAT se hicieron “sin ningún tipo de licitación, muchos de los cuales excedían los montos que permitirían una contratación directa”. El mecanismo “que no se ajustaba a la normativa que debió haber llevado adelante el ministerio de Trabajo de la Nación, entre los meses de marzo y diciembre de 2017”. Este procedimiento se extendería hasta 2019.