El apoyo del presidente Javier Milei y de la presidenta Victoria Villarruel a las fuerzas militares y de seguridad no es solo gestual. Previo a encabezar ayer el desfile militar por el Día de la Independencia, que tuvo un despliegue inédito desde el retorno de la democracia, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia –el DNU 594/24- por el que duplicó el presupuesto destinado al servicio de defensa y de seguridad con un incremento de $2,25 billones para las áreas que comandan los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente.
Sistemáticamente descuidado por las anteriores administraciones kirchneristas, con la llegada de Milei al poder el presupuesto asignado a las fuerzas militares y de seguridad no deja de crecer. El DNU 594/24, por el cual se incrementó el gasto total en casi $40 billones hasta fin de año, da muestras de este favoritismo. En el reparto de esos fondos, las jurisdicciones comandadas por Petri y Bullrich fueron las que más recibieron en términos porcentuales: según un informe que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), tuvieron un aumento del 95% respecto del crédito que tenían a principios de mes.
Este incremento es incluso superior al que recibieron los servicios sociales, pese al aumento de la pobreza y las carencias cada vez más acuciantes que padece la población vulnerable por efecto de la inflación y la recesión. En efecto, las áreas a cargo de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, si bien recibieron con el DNU la friolera de $27,9 billones (el refuerzo más alto), en términos porcentuales esta cifra representa un 80% de incremento respecto del crédito vigente.
La diferencia en ambas áreas se observa desde el arranque de la gestión de Milei: mientras las partidas destinadas a seguridad social, educación, salud, trabajo, promoción y asistencia social y vivienda aumentaron un 146% en seis meses, las de defensa y seguridad subieron un 158%.
A falta de una ley de presupuesto, Milei viene apelando al atajo de los DNU para actualizar discrecionalmente las partidas de las distintas jurisdicciones. El último, el 594/24, aumentó el gasto en una cifra inédita: $38,8 billones hasta fin de año (+70,5% respecto al que estaba vigente previo al decreto). Asimismo, se incrementó el cálculo de recursos por $39,2 billones, por lo que se mantiene el superávit financiero, la principal ancla inflacionaria que construyó el gobierno libertario.
Como se dijo, las áreas de Defensa y Seguridad fueron las que, en términos porcentuales, más se beneficiaron con el reparto de fondos. Según se detalla en el informe de ASAP, la que comanda Bullrich recibió un refuerzo de $2,1 billones. De esa cifra, Gendarmería se lleva $509.917 millones (+117%), Policía Federal Argentina, $349.597 millones (+113,8%), Prefectura Naval Argentina $264.508 millones (+113,4%); el Servicio Penitenciario Federal $162.982 millones (+107%) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria $68.067 millones (+113,5%).
El Ministerio de Defensa, a cargo de Petri, verá incrementada su partida vigente en $1.8 billones. De ese refuerzo, al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares se le asignó un aumento de $610.363 millones. El Estado Mayor General del Ejército recibirá una suba de $601.683 millones (+107,9%); el Estado Mayor General de la Armada, de $339.441 millones (+139,3%); el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, de $264.151 millones (+120,8%) y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, $26.611 millones (+159%).
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