Desmienten a Adorni sobre la radiografía de un perro

El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció este viernes que el Gobierno descubrió “una actividad fraudulenta a gran escala” extendida durante las últimas administraciones nacionales con respecto al pago de pensiones por invalidez. La maniobra le habría costado al Estado un desvío de fondos de alrededor de U$S 3.400 millones.

Adorni sostuvo que en 2022 un médico de Corrientes usó un recurso engañoso para lograr el beneficio: “adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, señaló el vocero presidencial mientras blandía la imagen del animal.

Fernando Galarraga, exdirector ejecutivo de @andiscapacidad, desmintió al vocero presidencial en redes. “¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: A la gente y lo hacen con MENTIRAS para argumentar la baja de Pensiones No Contributivas que se viene”, sostuvo y adjunto la resolución donde se rechazaba el pedido de pensión por adjuntar una radiografía que no corresponde a un ser humano. “El expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, NUNCA COBRÓ NI COBRA una Pensión entregada durante nuestra gestión”, sostuvo Galarraga.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló este viernes que el Gobierno descubrió “una actividad fraudulenta a gran escala” extendida durante las últimas administraciones nacionales con respecto al pago de pensiones por invalidez. La maniobra le habría costado al Estado un desvío de fondos de alrededor de U$S 3.400 millones.

Durante una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registró que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045 entre 2003 y 2015, y llegó a 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, lo que fue considerado por Manuel Adorni como un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.

El director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, encabezaron la auditoría en el organismo y encontraron cosas como que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de los cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”, relató el vocero presidencial.