Diputados aprobó el financiamiento universitario

En el marco de la maratónica sesión que comenzó el miércoles en Diputados, la oposición logró este jueves asestarle un duro golpe a la política de ajuste el gobierno de Javier Milei sobre la educación y dio media sanción al proyecto que busca, instituir por ley, el financiamiento mínimo que deberá garantizarse año tras año a las universidades públicas y gratuitas.

Con 143 votos afirmativos y 77 negativos, fue aprobado en general el segundo dictamen de minoría de la Ley de Financiamiento Universitario, propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.

El proyecto redactado por la diputada Danya Tavela contaba con las firmas de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal.

La iniciativa propone que se garantice una actualización base del presupuesto universitario equivalente en la inflación del año anterior, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.

El proyecto establece además una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.

Previamente había sido rechazado, con 120 votos negativos por sobre 90 positivos, el proyecto de mayoría presentado por Unión por la Patria (UP).

El dictamen de mayoría de UP proponía actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorporaba otros ítems que generaban mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.

Además, el proyecto del kirchnerismo incorporaba un artículo que explícitamente obligaba a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.

“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señalaba el texto.

En tanto, la iniciativa preveía la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.