El Gobierno se enfoca en profundizar la desaceleración de precios

El lunes es una caja de sorpresas. Para mostrar fortaleza, el presidente Javier Milei publicará el veto que firmó a la ley de movilidad jubilatoria y negocia para que el Congreso no insista con la sanción de la ley. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quiere inducir una baja de los precios en las góndolas y, además, prepara con Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, un acta acuerdo para resolver el conflicto por el traspaso de los colectivos, que Milei firmaría o refrendaría con un decreto.

Hablemos de inflación. El índice de agosto será similar al de julio, como reconoció el propio ministro días atrás. Cuesta perforar el 4% mensual, porque todavía hay un residual de la emisión monetaria del primer semestre, equivalente a unos US$16.000 millones y que son pesos que se usaron para comprar reservas y pagar intereses.

Por eso, la apuesta es septiembre. La cuenta que hace Caputo es lineal: a partir del lunes baja diez puntos el Impuesto PAIS y eso arrastrará los precios en las góndolas, por lo cual el aumento de tarifas del 4% no impactará en la inflación, que seguirá descendiendo.

Ese es el cálculo. El economista Fausto Spotorno dice que algo tiene de razón: en el estudio Orlando Ferreres calcularon que la reducción de diez puntos del Impuesto PAIS podría hacer bajar, en teoría, un 2,5% el costo de la canasta del consumidor, que es la que se usa para medir el IPC.

Pero también puede fallar. Por eso, Caputo habla con industriales del sector alimenticio, para indicarles el camino que él estima correcto. Los precios en las góndolas deben ser menores a los de ayer. ¿Realmente sucederá? Algunos empresarios creen que la decisión del Gobierno de haber eliminado trabas para importar acero y aluminio -la decisión afecta a un sector ya muy castigado por el freno en la construcción y la industria y que trabaja con suspensiones de turnos-, puede ser una señal disciplinadora para el resto de los sectores.

El esperanzador razonamiento del ministro de Economía lleva implícito demasiadas variables independientes:

Primero: la reducción de 10 puntos del Impuesto PAIS no impactará de manera inmediata ni lineal, porque algunos de los precios de los productos que ya están a la venta están en stock desde hace meses y fueron calculados antes del anuncio de la baja impositiva, e incluso antes de diciembre, cuando la alícuota aumentó de 7,5% a 17,5%.

Segundo: el componente de insumos importados varía para cada categoría de bienes.

Tercero: las empresas tienen otros costos, como los insumos, donde los precios mayoristas subieron, y también las tarifas que, precisamente, este mes aumentarán, y también los salarios.

Cuarto: porque tal vez los importadores simplemente no quieran trasladar a las góndolas el beneficio que tendrán de poder comprar el dólar importador apenas $100 pesos más barato que el viernes.

El impacto de la suba de tarifas -que las industrias y comercios querrán trasladar-, técnicamente no es significativo: en el Indec calculan que será aproximadamente de 0,2 % en el Gran Buenos Aires y un poco más bajo a nivel general, porque la incidencia de los servicios es distinta en todo el país por cuestiones climáticas y cercanía a los centros de producción y distribución. Pero, en ocasiones, los incrementos tarifarios son usados como una excusa. También aumentan los combustibles y, por ende, el transporte de alimentos. Pero tal vez algún productor con márgenes muy apretados y caída de demanda pueda encontrar allí un camino para aumentar las ventas.

El lunes también tenemos por delante la cuestión del boleto. El recorte de subsidios al transporte en CABA y provincia de Buenos Aires derivará más temprano que tarde en el aumento de las tarifas. O sube el precio del boleto o bien Ciudad y la Provincia se hacen cargo del pago de los subsidios que el Estado nacional deja de transferir a esas líneas. No hay magia.

Hay ahí, sin embargo, una luz de esperanza para los usuarios. La relación entre el Gobierno nacional y CABA mejoró sustancialmente en las últimas horas. Jorge Macri y Caputo vienen cocinando un acuerdo que debería plasmarse en un acta: la Nación le transfiere a la Ciudad todas las competencias para regular las líneas de transporte, para dar subsidios y para fijar tarifas, todo lo cual hasta ahora está en manos de la Nación.

El Gobierno no le entrega dinero y Jorge Macri anunciará que sigue adelante con el régimen de subsidios, tal vez haciendo la semana próxima un muy pequeño y simbólico ajuste tarifario. Milei todavía no tiene en claro si firmar él mismo el acuerdo o refrendarlo por vía de un decreto. Pero todo tiene que ocurrir en las próximas horas y anunciarse el lunes o martes, porque el jueves 5 las empresas deben abonar salarios y, si no tienen el dinero, los choferes dejarán a pie a cientos de miles de usuarios malhumorados.

Todo muy revuelto

Termina una semana dura. El Gobierno expulsó a Francisco Paoltroni del bloque de senadores y forzó la renuncia del Lourdes Arrieta al bloque de Diputados y Victoria Villarruel dio nuevas señales de autonomía en su agenda, reinstalando incluso la necesidad de beneficiar a los represores, un tema que molesta a Milei.

Milei los considera traidores y desleales: Arrieta había criticado duramente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem -que se referencia con Karina Milei-; mientras Paoltroni, que se opone a la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema, ninguneó a Santiago Caputo. No hubiera podido Milei soportar tal insubordinación sin castigarlos.

En medio, todavía está pendiente avanzar con los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel González-Mansilla. El dictamen de Lijo ya juntó siete de las nueve firmas necesarias en comisión, pero Unión por la Patria no se aviene a garantizar los dos tercios porque quieren que el Gobierno los llame a negociar la ampliación de la Corte Suprema. Por el contrario, plantea que la negociación sea previa a esa votación calificada y que incluya la ampliación del alto tribunal a siete o nueve cargos y que se discutan el cargo de Procurador General de la Nación, la Defensoría, algunos de los 140 cargos judiciales concursados pero no cubiertos y que continúan vacantes y, especialmente, los juzgados federales número 1 en varias provincias, que son los que tienen competencia electoral.

Antes de 2025, sin embargo, hay urgencias inmediatas. Milei quiere dar una señal de fortaleza y necesita vetar la ley de movilidad jubilatoria. Por eso, será un veto total. Anoche, a pedido de Mauricio Macri, recibió a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO. Una señal de que Milei se pone al frente de la negociación y de que está dispuesto a escuchar. El tema estuvo en la agenda del encuentro. Milei calcula que el PRO no le dejará solo y la Cámara de Diputados, sin los votos del PRO, no tiene chance de llegar a los dos tercios necesarios para insistir en la sanción de la ley y dejar de lado el veto.